El 30 de septiembre de 2025, la Asamblea Nacional del Ecuador abordó la discusión sobre la fiscalización de las pensiones vitalicias otorgadas a expresidentes y exvicepresidentes que no concluyeron sus mandatos.
Durante la sesión, se presentó una moción para modificar el orden del día y permitir la revisión de estas pensiones, que representan un gasto anual significativo para el Estado, estimado entre 800.000 y 1.000.000 de dólares. Entre los casos mencionados se incluyeron expresidentes y exvicepresidentes que no completaron sus períodos, lo que generó un debate sobre la justicia y transparencia en el uso de recursos públicos.
Finalmente, la moción no fue aprobada. Con 148 asambleístas presentes, se registraron 68 votos afirmativos, 77 negativos y 3 abstenciones, rechazando la propuesta de fiscalización.
Esta sesión refleja el interés de la Asamblea Nacional por garantizar la transparencia y la equidad en los beneficios otorgados a los exmandatarios, reafirmando la necesidad de un manejo responsable de los recursos públicos.
Asambleísta por la provincia de Tungurahua
