El Pleno de la Asamblea Nacional conoció en primer debate el Proyecto de Ley Orgánica que Regula las Técnicas y Procedimientos de Reproducción Humana Asistida, normativa que aborda aspectos médicos, técnicos y jurídicos de estos procedimientos, garantizando el interés superior del niño, los derechos de las personas involucradas y el reconocimiento de la diversidad familiar.
El ponente del informe y presidente de la Comisión del Derecho a la Salud, Juan José Reyes, destacó que la iniciativa responde a un mandato de la Corte Constitucional y se ajusta plenamente a la Constitución. Subrayó que el proyecto reconoce los derechos de los niños nacidos mediante estas técnicas, garantizando su dignidad, no discriminación y protección de la confidencialidad de su origen.
La propuesta establece responsabilidades para quienes solicitan los procedimientos, para los donantes y para el personal de salud. Podrán acceder a estas técnicas personas mayores de 18 años, ecuatorianas o con residencia, mediante un contrato escrito, a fin de evitar el “turismo reproductivo”.
El proyecto regula técnicas como fecundación in vitro, inseminación artificial o intrauterina y crioconservación de gametos y embriones. Asimismo, excluye la gestación subrogada, la reproducción póstuma y la clonación, y prohíbe la comercialización de embriones. La normativa se centra en ordenar prácticas existentes sin generar impacto fiscal.
Crea el Comité Nacional de Reproducción Humana Asistida, encargado del control, supervisión e impulso de la investigación y capacitación. Además, se asignan responsabilidades al Ministerio de Educación para desarrollar campañas de concientización.
Debate legislativo
Los ocho legisladores que intervinieron coincidieron en la necesidad de contar con una ley que garantice el derecho a decidir sobre la vida reproductiva, asegurar el acceso seguro a estas tecnologías y proteger los principios de dignidad humana, igualdad, no discriminación y seguridad jurídica.
Annabella Azin enfatizó que la infertilidad es un tema de salud pública que afecta a miles de familias y que la ley no crea un servicio nuevo, sino que ordena una práctica ya existente, cuyos altos costos actualmente asumen directamente los pacientes.
Mónica Salazar resaltó la obligación de la Asamblea de garantizar la maternidad y paternidad responsables, así como los derechos reproductivos de mujeres y hombres.
Por su parte, Cristina Jácome señaló que, aunque la regulación es necesaria, la propuesta debe revisarse para evitar vacíos y asegurar coherencia con los principios éticos y jurídicos.
Concluido el debate, el presidente de la Asamblea, Niels Olsen, dispuso que el proyecto regrese a la Comisión de Salud para la elaboración del Informe para segundo debate.
RSA
Más fotografías:
