Tal como lo establece el artículo 64 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, y después de un año, el Pleno de la Asamblea Nacional retomó el tratamiento de la objeción total al proyecto de Ley Orgánica de Defensa contra Incendios. La ratificación del texto, vetado totalmente por el Ejecutivo en septiembre de 2024, no alcanzó los votos necesarios para su aprobación, obteniendo el respaldo únicamente 58 legisladores.
La asambleísta Lucía Pozo respaldó el veto total del Presidente de la República. Señaló varias falencias del proyecto, que —dijo— no responde a las realidades del país en materia de defensa contra incendios ni a las necesidades de los cuerpos bomberiles.
Indicó que más del 90 % de su articulado se enfoca en reformas administrativas, régimen disciplinario, estructura orgánica y estatutos; mientras que solo en su último capítulo se incluyen disposiciones transitorias relacionadas con el fortalecimiento de los cuerpos de bomberos para la defensa y prevención de incendios en el Ecuador.
Asimismo, explicó que el proyecto incurre en inconstitucionalidades al redefinir la participación y atribuciones de la Secretaría de Gestión de Riesgos, restándole competencias de control y regulación. También realiza modificaciones a elementos tributarios en función de los porcentajes que se entrega de recursos a los cuerpos de bomberos a través de las recaudaciones.
En este contexto, la legisladora, en su calidad de presidenta de la Comisión de Gobiernos Autónomos, convocó a la Secretaría de Gestión de Riesgos, a los legisladores y a los cuerpos de bomberos del Ecuador a trabajar conjuntamente en una nueva iniciativa legislativa, realmente orientada a la defensa contra incendios. Subrayó la necesidad de una ley que fortalezca la capacidad operativa para enfrentar los siniestros en las ciudades y comunidades, evitando disposiciones antitécnicas o inconstitucionales.
RSA
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