Con 79 votos afirmativos, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó una resolución mediante la cual exhorta a las fuerzas políticas a respaldar las reformas constitucionales y legales orientadas a combatir la inseguridad, fortalecer el sistema de justicia y enfrentar con firmeza al crimen organizado.
La resolución aprobada también declara como prioridad nacional el fortalecimiento del Sistema de Justicia y la lucha contra el crimen organizado, en el marco del Estado constitucional de derechos y justicia. Asimismo, expresa el respaldo firme a la institucionalidad del Estado y a las entidades que, en el ámbito de sus competencias constitucionales y legales, trabajan en la formulación, debate, aprobación y ejecución de proyectos normativos y constitucionales, así como políticas públicas orientadas a combatir la inseguridad, el crimen organizado, y fortalecer el sistema de justicia.
El Pleno dispuso, además, que la resolución sea notificada a la Corte Nacional de Justicia, al Consejo de la Judicatura y a la Corte Constitucional, y que se ponga en conocimiento de la ciudadanía en general.
La proponente de la resolución, asambleísta Diana Jácome, señaló que este pedido no responde a intereses partidistas, ni de bancada, sino al clamor ciudadano, especialmente de mujeres y madres que exigen severidad en la justicia frente al crimen organizado. Subrayó que existe una gran responsabilidad legislativa de impulsar reformas estructurales al sistema de justicia que permitan a jueces y fiscales aplicar la ley con firmeza contra quienes han causado grave daño al país.
Enfatizó que el crimen organizado es el verdadero enemigo del Ecuador, al haberse infiltrado en instituciones públicas, en el sistema de justicia e incluso en las familias, captando a niños y jóvenes, con casos evidentes de funcionarios hoy privados de libertad. Aclaró que estas acciones no buscan dilatar el trabajo legislativo, sino demostrar al país que, más allá de diferencias políticas, la Asamblea está llamada a trabajar unida, con diálogo, consensos y respeto, para obtener resultados concretos.
Durante el debate, la legisladora Fabiola Sanmartín recalcó que se impulsan reformas legales para otorgar más herramientas al Ejecutivo, así como a jueces y fiscales, para que actúen en defensa de las víctimas y no de los delincuentes. La asambleísta Viviana Veloz manifestó que el Parlamento debe coadyuvar de manera decidida en la lucha contra el narcotráfico, el microtráfico, las mafias, el crimen transnacional y las extorsiones que mantienen atemorizadas a las familias del país.
A su vez, Sandra Figueroa hizo un llamado a dejar de lado las banderas partidistas para pensar, de manera conjunta, en la vida y el dolor de las familias afectadas. Finalmente, la asambleísta Lucía Pozo reconoció que el Gobierno heredó un grave problema estructural relacionado con el sistema carcelario y llamó a unificar esfuerzos para enfrentar al crimen organizado, que se ha fortalecido en las calles y en las fronteras del país, lo que exige una acción coordinada de todas las funciones del Estado.
MEV
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