El asambleísta Pablo Jurado, representante de la provincia de Imbabura, presentó un proyecto de reformas a la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, que tiene por objetivo precisar el alcance de la atribución de absolución de consultas, prevista en el numeral 25 del artículo 31 de la referida ley, con lo cual se brindará mayor seguridad jurídica a las entidades contratantes y a las personas de derecho privado sometidas al control de la Contraloría General del Estado.
De esta manera, también los servidores públicos responsables de la gestión administrativa y financiera podrán cumplir sus funciones de forma más eficiente, tomando como base las respuestas dadas por la Contraloría, las cuales, en este caso, constituirán una orientación técnica y preventiva, mas no un pronunciamiento vinculante.
A criterio del legislador Pablo Jurado, esta reforma promueve un Estado constitucional de derechos y justicia que respalde el accionar de los servidores y servidoras públicos en el ejercicio de sus funciones, evitando interpretaciones erróneas o restrictivas que puedan afectar la eficiencia institucional y derivar en responsabilidades administrativas, civiles e indicios de responsabilidad penal.
El poyecto consta de nueve artículos relacionados con las funciones y atribuciones de la Contraloría General del Estado; la predeterminación civil culposa y órdenes de reintegro; el contenido de las resoluciones y plazo para expedirlas; la procedencia del recurso de revisión; la calificación de dicho recurso; el fallo del recurso de revisión y la ejecutoriedad de las resoluciones; la caducidad de las facultades de control; la declaratoria de caducidad; y, la responsabilidad por caducidad, prescripción y silencio administrativo.
EG
