Durante los primeros siete meses de gestión, la Comisión de Educación ha impulsado un trabajo sostenido en materia legislativa y de fiscalización. En este período, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó una ley elaborada y tramitada por esta mesa legislativa y, actualmente, la Comisión tiene a su cargo cinco procesos de seguimiento y control político.
La normativa aprobada corresponde a la Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, que regula las facilidades de pago de los créditos educativos, becas y asistencias financieras. Este cuerpo legal establece un régimen especial de facilidades de pago para la recuperación de cuentas en cartera vencida, el cobro de sanciones económicas impuestas a beneficiarios de créditos educativos, ayudas económicas y becas por incumplimiento contractual, así como otras obligaciones pendientes.
Otros proyectos
Varios proyectos de ley se encuentran en trámite, previo a la emisión de los informes para primer y segundo debate. Para el primer debate constan las reformas a la Ley de Defensa del Profesional de los Artistas, así como la Ley Orgánica del Uso Responsable de Redes Sociales. En tanto que, para el segundo debate, se encuentra el proyecto de Ley Orgánica de Educación Financiera.
Asimismo, se encuentran en análisis las reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural; las reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES); el proyecto de Ley Orgánica de Inteligencia Artificial; y la Ley Orgánica para la Flexibilización de las Prácticas Preprofesionales y la Inclusión de Estudiantes Migrantes en la Educación Superior.
Control político
El plan de fiscalización de la Comisión prioriza el seguimiento a los principales desafíos del sistema educativo nacional, con especial énfasis en la seguridad, la institucionalización y la calidad educativa.
Entre los procesos de fiscalización en curso constan: el proceso de institucionalización de las universidades estatales amazónicas; el seguimiento a la institucionalización del sistema de educación intercultural bilingüe, incluida la enseñanza del kichwa y otras lenguas originarias; y la evaluación de la implementación del Plan Nacional para la Erradicación de la Violencia en el Contexto Educativo.
En este contexto, en noviembre pasado se aprobó el informe que evidencia los resultados del proceso de fiscalización sobre la creación de universidades amazónicas en las provincias de Sucumbíos, Zamora Chinchipe, Morona Santiago y Orellana.
El informe concluyó que el plazo otorgado de dieciocho meses resultó insuficiente para que las universidades promotoras consoliden el proyecto técnico-académico y alcancen la creación y operación de las cuatro universidades previstas.
En cuanto al trabajo en territorio, este mes los asambleístas de la Comisión de Educación sesionaron en la Universidad Estatal de Bolívar, en la ciudad de Guaranda, con la finalidad de conocer la situación de la infraestructura educativa en la provincia de Bolívar, identificar riesgos, necesidades de inversión y las condiciones actuales de los establecimientos urbanos y rurales.
MEV
