La Comisión de Transparencia y Participación Ciudadana, durante su gestión entre mayo y diciembre de 2025, impulsó la discusión de dos proyectos de ley relacionados con los procesos de adopción y las garantías jurisdiccionales, así como varios procesos de fiscalización y control político, entre ellos el caso Progen.
Procesos de adopción
La Comisión de Transparencia y Participación Ciudadana avanza en la recopilación de observaciones al proyecto de Ley Orgánica de Agilización Judicial para la Adopción, iniciativa de la legisladora Lucía Pozo. La propuesta plantea, en lo fundamental, un procedimiento simplificado para los procesos de adopción, con una duración estimada de entre uno y un año y medio.
Entre otros aspectos, se establece un procedimiento especial para la adopción; se define la concurrencia de competencias entre los jueces del domicilio del niño, niña o adolescente o del adoptante; se fijan plazos claros y perentorios; se simplifica y estandariza el procedimiento judicial; se reforma la conformación de los comités de asignación familiar; se fortalece el patrocinio legal a través de la Defensoría Pública, los consultorios jurídicos y la academia; y se prioriza el interés superior del niño por encima del parentesco.
Garantías jurisdiccionales
Esta Comisión también priorizó el tratamiento del proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional para Rescatar la Justicia Constitucional.
Según la iniciativa, existen varios vacíos que debilitan el sistema constitucional, debido al uso y abuso de las garantías constitucionales, lo que habría provocado pérdidas millonarias para el Estado.
Caso Progen
Luego de varias comparecencias, la Comisión de Transparencia y Participación Ciudadana, con seis votos a favor, aprobó el informe de fiscalización a los contratos suscritos por la Empresa Pública Estratégica Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec EP) con las compañías Progen Industries LLC y Austral Technical Management S. A. S.
En el informe de mayoría se concluye que las actuaciones ejecutadas en los procesos de contratación emergente para la generación de energía eléctrica en Salitral, Quevedo y Esmeraldas fueron objeto de un examen especial y se encuentran en conocimiento de la Contraloría General del Estado, entidad que estableció responsabilidades administrativas, civiles culposas e indicios de responsabilidad penal.
Bonos temporales
En el marco del proceso de fiscalización al programa de redistribución de recursos impulsado por el Gobierno Nacional, tras la eliminación del subsidio al diésel, la Comisión de Transparencia y Participación Ciudadana recibió información del Ministerio de Desarrollo Humano sobre los mecanismos y la metodología para la implementación de la estrategia nacional de redistribución de recursos y protección social.
Derechos de las personas adultas mayores
El Consejo de la Judicatura (CJ) informó sobre las acciones emprendidas para la defensa de los derechos de las personas adultas mayores. Con este propósito, Ingrid Rassa, subdirectora nacional de Derechos Humanos, señaló que estas actividades se enmarcan en el Sistema Nacional Especializado de Protección Integral de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, con el objetivo de garantizar el acceso efectivo a la justicia.
Para ello, se trabaja de manera articulada con varias instituciones que enfocan su labor en la defensa de los derechos de este sector, principalmente con el Ministerio de Inclusión Económica y Social y organizaciones de la sociedad civil.
Integridad sexual
Como parte del proceso de fiscalización sobre la transparencia en las actuaciones de los operadores de justicia, la Comisión de Transparencia y Participación Ciudadana recibió información de los delegados de la Fiscalía General del Estado, quienes expusieron sobre los diversos procesos de investigación, en especial aquellos relacionados con delitos contra la integridad sexual.
Durante la sesión se informó que la Fiscalía registra 86.962 denuncias por delitos contra la integridad sexual entre los años 2015 y 2025.
Operadores de justicia
La Comisión de Transparencia continúa el proceso de fiscalización sobre las actuaciones de los operadores de justicia, en el marco de la denuncia presentada contra el asambleísta Santiago Díaz Asque, por un presunto delito contra la integridad sexual y reproductiva.
AM
