Las asambleístas Liliana Durán y Cecilia Baltazar presentaron en Gestión Documental el proyecto de Ley Orgánica de Acceso a la Educación Sexual Integral, una propuesta orientada a garantizar el derecho de niñas, niños y adolescentes a recibir información veraz, científica, laica y no discriminatoria sobre sexualidad, conforme a los principios constitucionales y los estándares internacionales de derechos humanos.
La iniciativa busca establecer un marco normativo que regule el acceso a la educación sexual integral en los sistemas educativo formal y no formal, desde un enfoque preventivo, de derechos humanos y de igualdad. Además, prioriza el uso eficiente de los recursos públicos, sin generar incremento del gasto fiscal. El proyecto incorpora disposiciones generales sobre su objeto, finalidad, ámbito de aplicación y definiciones, estableciendo que la educación sexual integral debe ser científica, progresiva, respetuosa de la diversidad y adaptada a cada etapa del desarrollo de las personas.
Asimismo, delimita las obligaciones estatales que incluyen la emisión de lineamientos técnicos intersectoriales, la actualización curricular, la articulación entre los sistemas de educación, salud y protección integral, y la implementación de mecanismos de seguimiento y evaluación a través de las plataformas existentes, sin crear nuevas estructuras administrativas. La propuesta incorpora además, enfoques de derechos humanos, género, intergeneracionalidad, interculturalidad, territorialidad, interseccionalidad, discapacidad y movilidad humana, con el fin de impulsar políticas públicas inclusivas, respetuosas de las diversidades y acordes con las realidades territoriales del país.
Entre los principios rectores del proyecto constan la igualdad y no discriminación, la diversidad, la laicidad, la participación, la autonomía progresiva, el interés superior de la niñez y adolescencia, la transversalidad y la corresponsabilidad entre el Estado, las familias y la comunidad educativa. También se definen los sujetos protegidos que incluyen: niñas, niños, adolescentes, jóvenes, personas adultas en programas educativos, personas con discapacidad, población en movilidad humana y comunidades rurales, indígenas y afrodescendientes.
La normativa identifica a las instituciones obligadas para su aplicación, como el Ministerio de Educación, Deporte y Cultura; el Ministerio de Salud Pública; los Gobiernos Autónomos Descentralizados; las instituciones educativas y de educación superior; los medios de comunicación públicos y privados; y las entidades del Sistema de Protección Integral. El proyecto de ley contiene 47 artículos, 7 disposiciones generales, 9 disposiciones transitorias, 2 disposiciones reformatorias y 1 disposición final.
Durante la presentación, la asambleísta Liliana Durán destacó la importancia de que la información llegue desde las aulas y no desde fuentes distorsionadas, de manera que la niñez y la adolescencia cuenten con herramientas que les permitan vivir libres de violencia. A su vez, la legisladora Cecilia Baltazar enfatizó que esta propuesta nace de las voces del territorio y del acompañamiento de redes de mujeres de diversas provincias, y constituye un esfuerzo colectivo orientado a la prevención y a la garantía plena de derechos, que requiere del compromiso político de todas las bancadas para convertirse en una herramienta real de protección.
Liliana Elizabeth Durán Aguilar nació en Abañín, una parroquia de la histórica ciudad de Zaruma, en la provincia de El Oro. Se define como una lideresa feminista y una luchadora incansable por los derechos de las mujeres y los trabajadores. A lo largo de su vida ha sido promotora socio-organizativa y ha mantenido un firme compromiso con la Revolución Ciudadana, desde donde ha articulado acciones en favor de una sociedad más justa y equitativa.
Su trayectoria se ha centrado en el impulso de leyes y proyectos que promuevan la autonomía económica de las mujeres, su empoderamiento real y el ejercicio pleno de sus derechos, especialmente en lo relacionado con la toma de decisiones sobre sus cuerpos y vidas. Además, ha dedicado su vida a defender los derechos laborales, revalorizando al capital humano como motor del desarrollo.
Es licenciada en Gestión del Desarrollo Local Sostenible por la Universidad Politécnica Salesiana. Se ha formado como defensora de los derechos humanos de las mujeres con ONU Mujeres (UNIFEM), y se ha capacitado en normas internacionales del trabajo y derechos laborales en espacios de alto nivel como la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en Turín (Italia), Madrid (España) y Antigua (Guatemala). Asimismo, cursó formación en Realidad Nacional y Género en el marco de programas impulsados por el BID, la OIT, la CIOLS/ORIT y la Universidad de Chile.
En el ámbito político, fue Asambleísta Nacional del Ecuador durante el período 2017-2021, tiempo en el cual presidió la Comisión Especializada Permanente de los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social, así como el Grupo Parlamentario por los Derechos de los Trabajadores y el Grupo Interparlamentario de Amistad con Cuba. También se desempeñó como primera vicepresidenta de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) entre 2014 y 2021, y lideró importantes espacios de participación ciudadana y feminista como el Foro Permanente de las Mujeres Ecuatorianas y la Asamblea Ciudadana Plurinacional e Intercultural para el Buen Vivir.
Entre sus reconocimientos destacan la mención de honor del Premio “Manuela Espejo”, otorgado por el Municipio de Quito en 2012, y el reconocimiento al Liderazgo Comunitario por parte de organizaciones sociales en diciembre de 2024. Ha sido autora y coautora de diversas publicaciones sobre derechos de las mujeres, participación política y liderazgo social, además de haber contribuido con artículos en encuentros internacionales y en informes alternativos ante organismos como la CEDAW.
Liliana Durán también ha ejercido cargos honoríficos de relevancia, como vocal del Directorio del Consejo Nacional de las Mujeres (hoy Consejo Nacional para la Igualdad de las Mujeres y Género), vicepresidenta alterna de la CIOSL y representante del sector laboral en el directorio del SECAP, siendo la primera mujer en ocupar dicha representación.
Su voz firme y comprometida sigue siendo un referente en la defensa de los derechos humanos, la igualdad de género y la justicia social en el Ecuador.
