El 12 de enero de 2026 marcó un momento relevante en el trabajo de la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional. Ese día no fue una jornada más en el calendario legislativo: puso en marcha un proceso que tendría repercusiones en el debate público sobre control, transparencia y responsabilidad en el Estado.
La Comisión recibió formalmente la solicitud para iniciar el trámite de juicio político contra el presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, luego de que el Consejo de Administración Legislativa habilitara el procedimiento. Con ello, el caso pasó del plano político general al ámbito técnico-parlamentario, donde corresponde analizar argumentos, pruebas y cumplimiento de requisitos constitucionales.
Paralelamente, el propio Mario Godoy hizo pública su disposición de comparecer ante la Comisión. Declaró que acudiría con documentación y que defendería su gestión, lo que anticipó un proceso de contraste entre las acusaciones y su versión de los hechos.
La jornada también evidenció que el tema tendría lecturas políticas diversas dentro de la Asamblea, pues algunas bancadas plantearon cuestionamientos sobre la conformación de la Comisión y su imparcialidad en el tratamiento del caso. Más allá de estas posiciones, lo cierto es que el expediente quedó oficialmente en manos del organismo encargado de fiscalizar.
En términos institucionales, el 12 de enero significó el inicio formal de una etapa de revisión y análisis que debía determinar si el proceso de juicio político avanzaría o no. Fue, en suma, el punto de partida de un debate que marcaría la agenda legislativa en las semanas siguientes.
Asambleísta por la provincia de Tungurahua
