La Comisión de Relaciones Internacionales avocó conocimiento de la resolución aprobada por el Pleno de la Asamblea Nacional, mediante la cual se dispuso el inicio de un proceso integral de fiscalización sobre las actuaciones de Pabel Muñoz, alcalde de Quito, así como de las autoridades de las empresas públicas metropolitanas, en relación con los procesos de contratación pública y la gestión administrativa vinculados a la adquisición de 60 trolebuses.
Al respecto, la presidenta de la mesa legislativa, Lucía Jaramillo, recordó el contenido del numeral 3 del artículo 26 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL), que establece que, una vez que una comisión previene el conocimiento de un proceso de fiscalización y control político, ninguna otra comisión podrá requerir la comparecencia de autoridades o servidores públicos sobre la misma materia o asunto.
Jaramillo precisó que este proceso se llevará a cabo con estricto respeto al principio de separación de funciones del Estado, por lo que la comisión ejercerá el control político que le corresponde, sin invadir las atribuciones de otras comisiones legislativas.
Por su parte, el legislador Javier Ordóñez señaló que este accionar constituye un acto de responsabilidad institucional frente al uso de figuras propias de la cooperación internacional y de la asistencia técnica. Aclaró que lo que se encuentra bajo análisis no es una obra cualquiera ni un contrato ordinario, sino la utilización de una figura de cooperación internacional para ejecutar procesos que, por su naturaleza, no encajan dentro de la categoría de asistencia técnica. Afirmó que, en este caso, se habría utilizado un “atajo contractual” que omitió el procedimiento de subasta inversa.
Por último, la legisladora Arisdely Parrales, tras recordar antecedentes relacionados con la materia, argumentó su posición respecto a la fiscalización política de los alcaldes y las competencias que, en esta materia, tiene la Asamblea Nacional.
AM
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