El Consejo de Administración Legislativa (CAL), en su sesión No. 051, resolvió inadmitir la solicitud de juicio político presentada por el legislador Luis Fernando Molina en contra de los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), tras, por segunda ocasión, detectar graves inconsistencias técnicas en el cumplimiento de los requisitos de validez.
La decisión se fundamenta en el incumplimiento de los artículos 131 de la Constitución de la República, y los artículos 78 y 79 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL). El CAL adoptó esta postura tras analizar el informe técnico-jurídico no vinculante de la Unidad de Técnica Legislativa (UTL), referente al proceso solicitado contra los consejeros Andrés Fantoni, Johanna Verdezoto, Jazmín Enríquez, David Rosero y Piedad Cuarán.
Inconsistencias técnicas detectadas
Durante el proceso de validación, se determinó que la solicitud carece de la firma electrónica del proponente en el documento principal, constando únicamente en un memorando del DTS. Asimismo, el análisis técnico reveló que de las 46 firmas presentadas:
* 15 firmas son inválidas: Presentan problemas de integridad electrónica verificados mediante las plataformas oficiales FirmaEC y Security Data.
* Falta de principalización: Un registro no incluyó la documentación de principalización del asambleísta respectivo.
* Insuficiencia de respaldo: Al contar solo con 30 firmas válidas, la solicitud no alcanzó el respaldo mínimo de una cuarta parte de los integrantes de la Asamblea Nacional.
Procedimientos disciplinarios
En otro punto del orden del día, el CAL avanzó con la fase de actuación de prueba dentro de la queja presentada por el asambleísta Comps Córdova en contra del legislador Andrés Castillo. Tras escuchar los argumentos de ambas partes, el Consejo ratificó su compromiso con el debido proceso. El trámite continuará conforme a los plazos establecidos en la normativa vigente.
