La Universidad Agraria es una institución pública, y eso significa que su razón de ser debe estar siempre clara: servir a la comunidad universitaria y a la ciudadanía. Su prioridad no puede desviarse ni por intereses particulares ni por prácticas que afecten la confianza en la educación superior. Cuando una universidad es pública, lo público se cuida, se fortalece y se administra con responsabilidad.
Si en el pasado existieron irregularidades vinculadas a administraciones anteriores, hoy corresponde actuar con decisión y poner la casa en orden. No se trata de mirar hacia otro lado ni de normalizar lo que está mal; se trata de corregir, transparentar y garantizar que cada proceso institucional responda al interés colectivo. La educación superior requiere credibilidad, y esa credibilidad se construye con acciones concretas.
En ese camino, junto al Consejo de Educación Superior (CES) estamos actuando con firmeza para impulsar mejoras en la Universidad Agraria. El objetivo es claro: avanzar hacia una institución más sólida, con reglas claras, procedimientos ordenados y una gestión que responda a las necesidades reales de estudiantes, docentes y trabajadores. Una universidad que funcione bien no solo beneficia a su comunidad interna: beneficia al país.
Como asambleísta, mantendré una postura vigilante y responsable. Mi compromiso es con la ciudadanía: transparencia, orden y resultados. Porque cuando se trata de una universidad pública, lo mínimo que se debe exigir es una gestión limpia, eficiente y orientada a garantizar el derecho a una educación superior de calidad.
Asambleísta por la provincia de Esmeraldas
