El 22 de Enero de 2026 entregamos a la Asamblea Nacional un proyecto de ley que nace del dolor, pero también de la esperanza. El Proyecto de Ley Orgánica para los Derechos de Madres y Padres en Duelo Gestacional, Perinatal y Neonatal, conocido como “Ley Nicolás”, es una respuesta humana y necesaria ante una realidad que por años ha sido invisibilizada.
Esta iniciativa surge frente a la ausencia de una normativa específica que reconozca y garantice los derechos de las familias que atraviesan la pérdida de un hijo o hija durante la gestación, el parto o los primeros días de vida. Una pérdida que deja una huella profunda, no solo emocional, sino también social, laboral y sanitaria, y que hasta hoy ha sido enfrentada en silencio y sin el respaldo adecuado del Estado.
Con la entrega de este proyecto, afirmamos que el duelo gestacional, perinatal y neonatal existe, duele y merece ser reconocido con dignidad, respeto y acompañamiento integral. La “Ley Nicolás” busca garantizar derechos, establecer protocolos claros de atención, promover el trato humanizado en los servicios de salud y reconocer la necesidad de licencias y apoyos que permitan a madres y padres transitar su duelo sin desprotección ni estigmas.
Este proyecto no solo legisla, sino que humaniza. Coloca en el centro a las familias, honra la memoria de quienes partieron demasiado pronto y reafirma el compromiso del Estado con la vida, la salud emocional y la dignidad humana.
Hoy damos un paso firme para que ninguna madre ni ningún padre vuelva a enfrentar su dolor en soledad. La “Ley Nicolás” es una deuda pendiente con miles de familias y una muestra de que legislar también es escuchar, comprender y actuar con sensibilidad y justicia.
Soy María del Cisne Molina, asambleísta por la provincia de Pichincha para el período 2025–2029. Asumí este compromiso con la convicción de que la política debe volver a ser un espacio de servicio. Creo en la cercanía con la gente, en el diálogo y en la necesidad de construir desde la realidad de quienes más lo necesitan.
Nací el 31 de agosto de 1985 en el cantón Sígsig, provincia del Azuay, pero fue en Cotocollao, al norte de Quito, donde crecí y formé mi carácter. Mi madre, como muchas mujeres ecuatorianas, tomó la decisión de migrar a la ciudad para buscar un mejor futuro para nuestra familia. Desde muy joven trabajé a su lado y aprendí que la perseverancia es la clave para superar cualquier dificultad.
Esa experiencia marcó mi vida. Crecí viendo el esfuerzo diario de las familias trabajadoras y comprendí que la justicia social no es un ideal lejano, sino una necesidad que se construye con oportunidades reales.
Estudio Derecho en la Universidad Central del Ecuador, donde actualmente curso el sexto semestre. Desde el año 2018 me desempeño en el área de Derecho Administrativo, con experiencia en procesos coactivos, y he brindado asesorías y charlas legales para apoyar a personas que enfrentan problemas sin tener acceso a información o respaldo jurídico. Estoy convencida de que el conocimiento tiene sentido solo cuando se comparte.
Mi paso hacia la política nace de esas vivencias. Sé lo que es sentirse sin respaldo y por eso quiero representar a quienes no tienen voz. Aspiro a ser una legisladora cercana, que escuche, acompañe y trabaje en soluciones reales para la ciudadanía.
Bajo el liderazgo del presidente Daniel Noboa Azin, el país enfrenta el reto de recuperar la confianza y avanzar hacia un desarrollo más justo. Desde la Asamblea Nacional aportaré a ese propósito, impulsando leyes que fortalezcan los derechos de las mujeres, de los trabajadores y de los pequeños comerciantes, sectores que sostienen gran parte de la economía nacional.
Mi historia está profundamente ligada al ejemplo de mi madre y de tantas mujeres ecuatorianas que luchan sin descanso por sus familias. A ellas les debo mi convicción de servicio y mi compromiso de actuar con transparencia y responsabilidad.
