La asambleísta Noemí Cabrera presentó el Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, una iniciativa orientada a fortalecer el enfoque de derechos en el sistema de transporte del país, mejorar la seguridad vial y profesionalizar a los actores del sector.
La propuesta prioriza la protección de grupos de atención prioritaria, como niñas, niños, adolescentes, personas adultas mayores y personas con discapacidad, garantizando el respeto obligatorio a las tarifas reducidas, evitando interpretaciones discrecionales por parte de las operadoras y asegurando la igualdad material reconocida en la Constitución.
Entre los ejes centrales de la reforma se destaca el fortalecimiento del rol de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), a quienes se asigna una responsabilidad activa en educación vial, promoción de movilidad sostenible y protección de usuarios vulnerables. Esta disposición alinea la normativa nacional con estándares modernos de movilidad urbana segura y sostenible.
El proyecto también incorpora la capacitación anual obligatoria para choferes profesionales, como requisito habilitante para el ejercicio de su actividad, con el objetivo de prevenir siniestros viales y elevar los niveles de idoneidad y calidad en la prestación del servicio público de transporte.
Otro avance relevante es el fortalecimiento de la participación ciudadana, incorporando expresamente a grupos históricamente excluidos en los procesos de toma de decisiones en materia de transporte, bajo un enfoque de corresponsabilidad entre el Estado, el sector privado y la sociedad civil.
Asimismo, la legisladora explicó que la iniciativa plantea una reorganización del Directorio de la Agencia Nacional de Tránsito, integrando a actores estratégicos como la Policía Nacional, ECU 911 y los GAD, con el fin de mejorar la coordinación interinstitucional y la rectoría técnica del sistema.
En materia de control, la reforma otorga competencias expresas a los GAD para ejecutar operativos en terminales terrestres junto a la Policía Nacional y refuerza el régimen sancionatorio, especialmente en lo relacionado con el respeto a tarifas diferenciadas, la seguridad integral y la calidad del servicio.
Por último dijo que, se incorporan criterios razonables de seguridad vial para motocicletas, y se establecen disposiciones generales y transitorias que consolidan competencias locales y fijan plazos claros para la implementación normativa.
“La reforma responde a problemas estructurales del sistema de transporte, como la falta de control, la baja profesionalización y la vulneración de derechos. Nuestro objetivo es un transporte más seguro, justo y eficiente, centrado en las personas”, señaló la legisladora Noemí Cabrera.
RSA
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