La Comisión Especializada Permanente del Derecho a la Salud y Deporte de la Asamblea Nacional, con nueve votos a favor, aprobó el informe para segundo debate del Proyecto de Ley Orgánica para la Atención Integral del Cáncer, luego de un amplio y riguroso análisis técnico, jurídico y sanitario. La moción fue presentada por la legisladora Annabella Azin.
Esta propuesta establece, por primera vez en el Ecuador, un marco legal integral, especializado y permanente para la prevención, detección temprana, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos del cáncer, bajo la rectoría del Estado y a través del Sistema Nacional de Salud. Su objetivo principal es reducir la morbilidad y mortalidad asociadas a esta enfermedad y garantizar una atención continua, equitativa y de calidad.
El proyecto se estructura en siete capítulos, además de disposiciones generales, transitorias, reformatorias, derogatorias y una disposición final. Entre sus principios rectores constan el acceso universal a la salud, equidad, calidad y seguridad, bioética, humanización, interculturalidad, confidencialidad, participación ciudadana y el uso de evidencia científica, en concordancia con la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos.
Durante la sesión, la asesora parlamentaria Sofía Añasco explicó que el texto fue técnicamente fortalecido respecto al informe de primer debate, incorporando observaciones del Pleno de la Asamblea, de instituciones públicas y privadas, expertos, academia y sociedad civil, tras aproximadamente diez sesiones de trabajo. Estas mejoras refuerzan la garantía de derechos, optimizan la articulación institucional y brindan mayor claridad en materia de financiamiento.
Entre los principales avances, el proyecto amplía los derechos de las personas con diagnóstico de cáncer, incluyendo el acceso a atención integral en salud mental, la estabilidad laboral reforzada conforme a la jurisprudencia de la Corte Constitucional y el derecho al “olvido oncológico” para personas recuperadas, con el fin de prevenir prácticas discriminatorias, como la exigencia de antecedentes médicos para acceder a servicios financieros o de seguros.
Asimismo, se establecen obligaciones específicas para los prestadores de servicios oncológicos, públicos y privados, como el cumplimiento de guías y protocolos clínicos, la provisión de información clara y oportuna, el respeto al consentimiento informado y la garantía de cuidados paliativos integrales en todas las etapas de la enfermedad.
El proyecto incorpora un capítulo especial para la atención integral del cáncer en niños, niñas y adolescentes, con un enfoque diferenciado basado en el principio del interés superior del niño. Este contempla diagnóstico oportuno, tratamiento especializado, atención integral en salud física y mental, apoyo psicológico para pacientes y familias, continuidad educativa, asentimiento informado según edad y madurez, así como indicadores de seguimiento y evaluación.
En el ámbito institucional, se fortalece la gobernanza mediante la creación del Plan Nacional del Cáncer, el Comité Nacional del Cáncer, el Registro Nacional del Cáncer, la Red Nacional Especializada de Atención y un registro dinámico de medicamentos, que permitirá actualizar de forma eficiente el Cuadro Nacional Básico de Medicamentos, conforme a estándares internacionales de calidad, seguridad y eficacia.
En materia de financiamiento, el proyecto identifica como fuente los recursos provenientes de la contribución especial a las operaciones de crédito, estableciendo mecanismos de uso exclusivo, transparente y con control por parte de la autoridad sanitaria nacional.
Por estas razones, la Comisión recomienda al Pleno de la Asamblea Nacional la aprobación del proyecto, al considerar que cumple con las obligaciones constitucionales e internacionales del Estado, incorpora criterios técnicos avalados por la OMS y la OPS, y fortalece estructuralmente el derecho a la salud de las personas con cáncer.
La asambleísta Annabella Azin destacó que el informe para segundo debate no solo mantiene, sino que perfecciona el espíritu del primer debate, gracias a los aportes técnicos de los comisionados, instituciones especializadas, expertos, academia y sociedad civil. Subrayó que el cáncer es una realidad creciente y cercana para las familias ecuatorianas, por lo que esta ley responde a un problema de salud pública prioritario y busca atender de manera más clara, coherente y efectiva las necesidades reales de los pacientes.
RSA
