La Comisión del Derecho al Trabajo y la Seguridad Social analizó el borrador del informe para primer debate del Proyecto de Ley Orgánica de Régimen Especial de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, iniciativa orientada a garantizar la sostenibilidad financiera del sistema, la protección de los derechos adquiridos y la estabilidad del régimen de seguridad social militar, conforme al mandato constitucional.
El proyecto de ley busca expedir una normativa integral que regule el régimen especial de seguridad social de las Fuerzas Armadas, respetando el principio de no regresividad, el equilibrio entre aportes y prestaciones, así como la naturaleza diferenciada del servicio militar, con el objetivo de asegurar una protección social adecuada para el personal activo, pasivo y sus familias.
Durante la sesión, varios legisladores expresaron observaciones respecto al contenido y al proceso de elaboración del informe. La asambleísta Carmen Tiupul destacó la necesidad de diferenciar las condiciones de quienes ingresaron al sistema antes y después de la vigencia de la normativa aprobada en 2016, y reiteró que la construcción de la ley debe basarse en la participación ciudadana, el principio de igualdad y el respeto a las expectativas legítimas de los afiliados.
El asambleísta Roberto Cuero solicitó información detallada sobre la incorporación de los aportes presentados por organizaciones, asociaciones y expertos que participaron en las jornadas de socialización y mesas técnicas.
En la misma línea, el asambleísta Juan Pablo Molina pidió que los elementos relacionados con la administración financiera de las empresas vinculadas al sistema de seguridad social militar sean revisados con mayor profundidad antes de avanzar en el trámite legislativo, enfatizando la necesidad de transparencia y rigor técnico.
El presidente de la Comisión, Eckenner Recalde, explicó que el trabajo legislativo se ha desarrollado conforme al cronograma aprobado y a las prórrogas otorgadas por la Corte Constitucional, señalando que el informe recoge aportes de diversas organizaciones, actores sociales y mesas técnicas. Asimismo, precisó que el proceso legislativo contempla una segunda etapa de debate, en la que podrán incorporarse observaciones y correctivos adicionales de manera técnica y jurídicamente sustentada.
RSA
Más fotografías:
