La Comisión de Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa recibió a delegados de la Secretaría General Jurídica de la Presidencia de la República y del Ministerio de Economía y Finanzas, en el marco del tratamiento del proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización para la Sostenibilidad y Eficacia del Gasto de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, calificado como urgente en materia económica.
Durante su intervención, el subsecretario general jurídico de la Presidencia de la República, informó que, a partir de un análisis macroeconómico conjunto con el Ministerio de Economía y Finanzas, se identificó una tendencia sostenida de crecimiento del gasto corriente entre 2021 y 2024, que pasó del 30,72 % al 34,57 %.
Añadió que, en promedio, los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) destinan entre el 60 % y el 70 % de su presupuesto a gasto corriente, lo que limita de manera significativa la inversión en obras y servicios. En contraste, señaló que la inversión pública muestra una tendencia decreciente: aunque el promedio entre 2021 y 2024 fue del 31,44 %, se evidenció una reducción progresiva desde el pico del 39,59 % en 2022, llegando incluso a niveles cercanos al 10 % en algunos casos.
En este contexto, explicó que el proyecto de ley busca garantizar que una proporción mínima del presupuesto de los GAD se destine a inversión, mediante el establecimiento de una regla fiscal que fija un piso del 70 % para este rubro, orientado a competencias propias como vialidad, saneamiento, uso y gestión del suelo, agua potable y alcantarillado.
Además, indicó que la propuesta incorpora mecanismos de control y trazabilidad del gasto, debido a que actualmente los GAD reportan únicamente montos devengados sin detallar su destino, lo que genera riesgos fiscales y presiones sobre el Estado central. Con estas medidas, afirmó, se pretende fortalecer la responsabilidad fiscal y asegurar que los recursos públicos se orienten efectivamente a mejorar la calidad de vida de la ciudadanía.
De su lado, la viceministra de Finanzas, Daniela Contento, señaló que la iniciativa busca asegurar que la autonomía financiera de los GAD se traduzca en mayor inversión en servicios públicos esenciales, como agua potable, saneamiento y vialidad, así como reducir la rigidez del gasto corriente, que actualmente limita la ejecución de proyectos productivos. Recordó que el marco constitucional y legal ya establece porcentajes claros sobre transferencias y destino del gasto, y que la reforma amplía estas reglas a todo el presupuesto, incorporando una asignación mínima prioritaria del 70 % para inversión.
Asimismo, explicó que el proyecto incorpora mecanismos técnicos de control, como el uso obligatorio del clasificador presupuestario y la rendición de cuentas trimestral mediante indicadores públicos de gasto, con el objetivo de transparentar la gestión y ordenar el uso de los recursos, sin afectar las preasignaciones ni generar despidos de personal.
Añadió que la evidencia histórica demuestra que los GAD pueden cumplir este umbral de inversión y que la reforma permitirá corregir deficiencias en el diseño del gasto, fortalecer la sostenibilidad fiscal y mejorar la provisión de servicios a la ciudadanía. Por ello, recomendó eliminar disposiciones transitorias para garantizar una aplicación uniforme de la regla fiscal y reiteró la disposición del Ministerio de Economía y Finanzas para remitir la información técnica que sea requerida.
MEV
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