La Comisión de Justicia y Estructura del Estado, en el marco del análisis del proyecto de Ley Reformatoria al Código Orgánico Integral Penal (COIP) y de la propuesta de reforma sobre la regulación de la delincuencia organizada, recibió los criterios técnicos y observaciones de Carlos Carrasco y Gustavo Velásquez, magísteres en Derecho Penal, y de Pedro Crespo, magíster en Ciencias Penales y Criminología.
Durante la sesión, Crespo señaló que el incremento de penas y la creación de nuevos tipos penales no han demostrado ser mecanismos eficaces para reducir la criminalidad, al responder a una lógica de “populismo penal”, por lo que enfatizó la necesidad de priorizar políticas públicas integrales.
Asimismo, observó que la propuesta, que permitiría la difusión de la identidad e imagen de personas procesadas por estos delitos, podría vulnerar el principio de presunción de inocencia, y alertó sobre posibles vicios de inconstitucionalidad. De igual manera, consideró que la exclusión automática del procedimiento abreviado resultaría contraproducente, ya que afectaría el principio de economía procesal.
Carrasco centró su intervención en observaciones técnicas a la exposición de motivos del proyecto, señalando la necesidad de mejorar la terminología jurídica, en particular el uso adecuado de “niños, niñas y adolescentes”, y de sustentar la propuesta normativa en fuentes estadísticas oficiales y estudios académicos, en lugar de referencias periodísticas.
Advirtió, además, inexactitudes sobre la duración de los procedimientos abreviados y su errónea vinculación con beneficios procesales, así como contradicciones en la norma que permitiría identificar públicamente a personas investigadas.
Por su parte, Velásquez propuso que la difusión de la identidad e imagen de personas procesadas, en caso de que se pruebe, solo proceda mediante orden judicial debidamente motivada y dictada en audiencia de formulación de cargos.
Respecto a las restricciones al procedimiento abreviado, se refirió a la excepción prevista para grupos de atención prioritaria, que sería contraria al principio de igualdad ante la ley y funcional a estructuras criminales.
Enfatizó que las reformas deben ajustarse en su texto para garantizar constitucionalidad, eficacia y viabilidad operativa.
MEV
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