La Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social, en el marco del análisis del proyecto de reformas para la Prevención y Erradicación del Reclutamiento, Uso y Utilización de Niños, Niñas y Adolescentes, recibió a Paola Escobar, delegada del Ministerio del Interior, y a Diego Cisneros, asesor de la Vicepresidencia de la República, quienes expusieron los alcances de la iniciativa que busca proteger a los menores frente al reclutamiento por parte de grupos de delincuencia organizada.
Escobar explicó que, desde el Comité para la Prevención y Erradicación del Reclutamiento, Uso y Utilización de Niñas, Niños y Adolescentes (COPRUNNA), se ha trabajado en la recopilación de información para elaborar un mapa de vulnerabilidad de los NNA en el país frente a este fenómeno, con el fin de establecer acciones priorizadas para su prevención y erradicación. Precisó que el proyecto de ley no se limita al reclutamiento forzado, sino que contempla la acción deliberada de los grupos delincuenciales para captar y utilizar a menores.
Añadió que se trata de un fenómeno que requiere estrategias integrales: prevención, por un lado; combate y judicialización, por otro; sanciones efectivas -incluidas medidas socioeducativas- y procesos de rehabilitación para su adecuada reincorporación a la sociedad. “Lo que se debe hacer es sancionar con mayor rigurosidad al reclutador”, enfatizó.
Por su parte, Cisneros señaló que la propuesta constituye un cuerpo normativo basado en un sistema nacional estructurado en tres ejes fundamentales: prevención, seguridad y justicia. Destacó que, dada su complejidad -ya que no solo afecta al tejido social, sino que incide en diversos ámbitos de la convivencia-, la iniciativa contempla reformas a varias leyes, entre ellas el Código de la Niñez y Adolescencia; el Código Orgánico Integral Penal (COIP); el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD); la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI); y la Ley Orgánica de Salud Mental, que incluirá un capítulo especial referido a niños, niñas y adolescentes, entre otras.
Enfatizó que, si bien el COIP ya tipifica la infracción relacionada con el reclutamiento de NNA para fines delincuenciales, es necesario ampliar el tipo penal para incluir también el “uso y la utilización” de menores. Esto implica sancionar no solo a los reclutadores, sino también a quienes los emplean directamente para cometer delitos, se benefician de su participación o los instrumentalizan para actividades ilícitas, aun cuando no haya existido un proceso formal de reclutamiento.
Finalmente, Cisneros reiteró que la propuesta tiene un carácter integral y fue elaborada con la participación de 13 instituciones que conforman el COPRUNNA, junto con diversos sectores y el apoyo de organismos internacionales. Señaló que se trata de una normativa que demanda compromiso y acción conjunta para erradicar este fenómeno en el Ecuador.
EG
