La Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana, en sesión No. 048, recibió la comparecencia de la Procuraduría General del Estado con el propósito de sustentar, aclarar y ampliar el contenido de su Informe Anual de Labores correspondiente al año 2025, presentado ante el Pleno de la Asamblea Nacional.
Juan Carlos Larrea, procurador general del Estado, informó que se realizó una revisión integral de 132.702 procesos que constaban como activos en su sistema de gestión, logrando depurar 80.597 causas que ya se encontraban concluidas. Este trabajo se efectuó mediante la verificación individual de cada expediente físico y su contraste con los registros judiciales, incorporando mecanismos automáticos de control que impiden el archivo de causas sin información completa sobre su finalización.
En materia de patrocinio nacional, explicó que el 78% de las sentencias obtenidas fueron favorables al Estado, tanto en procesos con cuantía como en aquellos sin pretensión económica. El 22 % de resultados desfavorables incluye causas con y sin cuantía determinada, de las cuales únicamente 65 casos correspondieron a demandas iguales o superiores a 200 mil dólares. En estos casos, la defensa estatal permitió reducir significativamente los montos reclamados mediante impugnaciones técnicas.
Respecto de la recuperación de recursos públicos en procesos penales emblemáticos, Larrea detalló que en el caso Odebrecht se ordenó una reparación integral superior a 33 millones de dólares, de los cuales se han recaudado más de 2,1 millones. En el caso Sobornos, la reparación integral asciende a 14,4 millones de dólares, con una recaudación cercana a 1,9 millones. En el caso Metástasis, la reparación asciende a 440 mil dólares, de los cuales se han recuperado aproximadamente 51 mil.
En relación con las acciones de repetición, manifestó que durante 2025 se iniciaron dos procesos judiciales por parte de entidades públicas y que se emitieron 45 oficios de seguimiento para verificar el cumplimiento del deber de investigación previa establecido en la ley, a fin de determinar responsabilidades de los funcionarios que ocasionaron condenas contra el Estado.
Sobre el arbitraje internacional Chevron-Texaco, enfatizó que, mediante una defensa técnica y coordinada, se logró reducir una pretensión inicial superior a 3.350 millones de dólares a un monto aproximado de 214 millones, lo que representa una disminución de más del 93 % del valor reclamado. Además, informó que una corrección posterior del Laudo de Daños permitió una reducción adicional del monto a pagar por parte del Estado ecuatoriano.
Para concluir, el procurador destacó que, frente a las notificaciones de controversias internacionales, se mantiene un enfoque preventivo, promoviendo espacios de diálogo y reuniones técnicas con las empresas y las entidades públicas involucradas, con el objetivo de evitar que estos conflictos escalen a arbitrajes formales y proteger los intereses del Estado.
MEV
