La Comisión de Régimen Económico aprobó el informe para segundo debate del proyecto de reforma al Código Tributario. El objetivo principal es garantizar que los trámites tributarios respeten plenamente los derechos constitucionales y el debido proceso.
La reforma establece reglas claras y unificadas sobre cómo deben notificarse los actos administrativos. Esto permitirá que todas las instituciones públicas -incluidas la banca pública, empresas públicas y gobiernos autónomos- apliquen los mismos criterios. Una notificación correcta y oportuna evitará nulidades, reducirá retrasos, optimizará recursos públicos y asegurará el derecho a la defensa de los contribuyentes, incluso en procesos de cobro coactivo.
El proyecto también armoniza el Código Tributario con el Código Orgánico General de Procesos (COGEP), especialmente en lo relacionado con la corrección de errores materiales, citas legales y cálculos numéricos. Con ello se busca evitar interpretaciones que cambien el sentido de las decisiones administrativas. Además, se aclaran las reglas sobre el cómputo de plazos para resolver reclamos y se reducen espacios de discrecionalidad que afectan la seguridad jurídica.
Actualización tras 50 años de vigencia
La propuesta incluye 32 artículos, tres disposiciones derogatorias, dos transitorias y una disposición final. También reforma ocho artículos del COGEP. Se trata de una actualización integral del Código Tributario, que lleva 50 años en vigencia, con el fin de eliminar contradicciones y facilitar una futura codificación más ordenada.
El proyecto incorpora criterios de la jurisprudencia sobre el plazo de prescripción para solicitar la devolución de pagos indebidos o en exceso. Se establece que este plazo comenzará a contarse desde el momento en que el pago se considere indebido.
La presidenta de la Comisión, Nathaly Farinango, destacó la importancia del Código Tributario como norma que regula la relación entre el Estado y los contribuyentes, y señaló que la reforma busca fortalecer la justicia tributaria en el país. Resaltó los aportes de académicos, del Instituto Ecuatoriano de Derecho Tributario, del Ministerio de Finanzas, del SRI, así como de jueces de la Corte Nacional de Justicia.
Indicó que el informe fue construido a través de comparecencias, mesas técnicas y la recepción de observaciones ciudadanas. Ahora el proyecto pasará al Pleno de la Asamblea Nacional para su debate y votación.
Con esta aprobación, la Comisión da un paso importante hacia la modernización del régimen tributario ecuatoriano, promoviendo un sistema más claro, coherente y garantista para los contribuyentes.
RSA
