En Santa Elena, la Comisión de Biodiversidad continuó el tratamiento del proyecto de Ley Orgánica de Preservación y Prevención del Impacto de Olas Rompientes en el Litoral Ecuatoriano, previo a la aprobación del informe para segundo debate.
En este contexto, se revisó el texto de cada uno de los 13 artículos del proyecto, que pasará a denominarse Ley Orgánica de Gobernanza del Espacio Marino Costero y Oceánico. Su objeto será promover la protección de la zona de rompientes y sus áreas adyacentes, regular los usos del mar y fomentar el desarrollo de actividades compatibles, en el marco de la Estrategia Nacional de Gobernanza Marino-Costera y Oceánica.
El articulado establece la existencia de una Autoridad Competente. En ese sentido, se dispone que, en el contexto de la gobernanza marino-costera y oceánica, el Consejo Interinstitucional del Mar ejercerá facultades de rectoría, coordinación, planificación, regulación y control, sin perjuicio de las competencias que correspondan a otras entidades rectoras.
Tras el análisis de los asambleístas, la presidenta de la comisión, Camila León, subrayó que se ha construido un proyecto con coherencia técnica, que define de forma clara la zona de rompiente y delimita su ámbito de aplicación.
Comisión general
La mesa legislativa recibió al asesor marítimo del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Jorge Alavera, quien destacó el trabajo realizado en la Asamblea Nacional por el Comité Interinstitucional del Mar, cuyo aporte técnico permitió una mejor comprensión de la problemática.
Alavera precisó que, si bien el espíritu de la normativa es la protección de las olas, la iniciativa va más allá, ya que busca delimitar de manera específica una zona en la que se desarrollan diversas actividades, como las recreativas de los bañistas, las deportivas, la navegación recreativa, el turismo, la actividad de lanchas pesqueras y la conservación de ecosistemas y biodiversidad.
Añadió que otro de los aportes fundamentales de la normativa es la necesidad de contar con una autoridad que analice y resuelva la problemática de forma integral, no desde la perspectiva de una sola actividad, sino considerando a todos los actores que intervienen en la zona, bajo una metodología internacional definida en el marco de las Naciones Unidas.
Finalmente, los legisladores consultaron y reflexionaron sobre la normativa relacionada con los ecosistemas marino-costeros y las acciones necesarias para su protección.
AM
