En la sesión 070 del Pleno (20 de febrero de 2026), se llevó a cabo el Primer Debate, espacio inicial ara la discusión general del proyecto. En esta etapa, el Pleno analiza el informe de la comisión y los asambleístas presentan observaciones. Fue aquí donde la asambleísta Pazmiño denunció que se le restringió la palabra para exponer sus críticas al proyecto.
La Asamblea Nacional aprobó con 77 votos la reforma al COOTAD, calificada de urgente en materia económica. La ley obliga a GADs (municipios/prefecturas) a destinar el 70% del presupuesto a inversión y limitar gasto corriente al 30%. La asambleísta Pazmiño denunció no haber recibido el uso de la palabra para argumentar su postura, en una sesión caracterizada por alta tensión y la votación mínima necesaria para leyes orgánicas.
Puntos claves de lo ocurrido en la sesión:
Previo a la Sesión 070, la asambleísta Pazmiño se hizo eco de las preocupaciones de la ciudadanía y atuoridades. En las calles, la voz del territorio se hizo escuchar.
La alerta es seria: recortes que golpearían recursos esenciales para educación, salud, cultura y atención a grupos vulnerables. Cuando se debilita la autonomía local, se debilita la democracia.
Este no es un debate lejano ni técnico de las élites. La ciudadanía no puede ser espectadora, debemos informarnos, debatir y alzar la voz.
Mireya Pazmiño Arregui
Representante por la provincia de Bolívar 2025-2029
Experiencia Laboral
Ejerció como profesional del derecho y en el ámbito público que le brindó un sólido conocimiento en derecho procesal, mediación, administración pública y temas económicos, que luego aplicaría en su labor legislativa:
Secretaria en el Juzgado de Coactivas de la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD, 2008-2009)
Consejo de la Judicatura (2012),
Analista jurídica y asesora en la Dirección Provincial del Registro Civil de Bolívar (2013-2014)
Mediadora coordinadora en el Consejo de la Judicatura de Bolívar (2014-2017)
Docente en la Universidad Estatal de Bolívar (2015-2018).
Trayectoria Legislativa
En su primer periodo (2021-2023) fue elegida asambleísta por la provincia de Bolívar y se consolidó como una legisladora activa en temas económicos y de fiscalización, con una postura crítica frente a políticas lesivas para la economía popular y la soberanía nacional.
Como presidenta de la Comisión de Régimen Económico y Tributario lideró el análisis y aprobación de informes sobre la situación del Banco del Pacífico y su posible venta, y reformas al Código Orgánico Monetario y Financiero.
Bajo su presidencia, la comisión unificó proyectos de reforma monetaria y procesó asuntos de alta sensibilidad como la prevención de lavado de activos y la fiscalización de casos de corrupción vinculados a “El Gran Padrino”.
Entre las designaciones destacadas cuentan: Miembro del Grupo Parlamentario por la Garantía de los Derechos de las Mujeres; Representante ante el Parlamento Latino Americano y Caribeño, en la mesa de Asuntos Económicos, Deuda Social y Desarrollo Regional; Vicepresidenta de la Comisión Ocasional Multipartidista que investigó las denuncias de corrupción en el gobierno, en el caso denominado "El Gran Padrino"; integrante de la Comisión Especializada Ocasional por la Verdad, Justicia y Reparación del caso de María Belén Bernal.
Gestión Parlamentaria
En este nuevo periodo (2025-2029) advirtió sobre riesgos macro-fiscales, ambientales y de soberanía en proyectos de ley económica urgente sobre minería y energía, y reformas al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD).
Ha impulsado talleres de socialización de iniciativas legislativas en Bolívar y se ha posicionado en defensa de la Revolución Ciudadana frente a intentos de proscripción.
Su labor actual combina fiscalización, defensa de los sectores estratégicos y énfasis en protección social.
Continúa su labor de alta sensibilidad social a través de espacios como la Comisión de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes: Impunidad en Violencia Sexual, Reformas al Código de la Niñez y Adolescencia, y seguimiento a la Resolución RL-2023-2025-170, que exige al Gobierno acciones concretas y presupuesto para la protección especial de niños en situación de riesgo.
