La Comisión de Justicia y Estructura del Estado, con siete votos afirmativos, aprobó el informe para primer debate del proyecto de Ley Orgánica de Extradición, sustentado en la nueva realidad constitucional y en la constatación de que uno de los problemas más graves que enfrenta el país está directamente relacionado con la delincuencia organizada, la criminalidad y la inseguridad.
Al respecto, la presidenta de la mesa legislativa, Rosa Torres, subrayó que se trata de una normativa histórica para el país, actualizada luego de 26 años de vigencia. Además, señaló que rompe el candado de impunidad en materia de extradición y responde al 65 % de la población que, en abril de 2024, aprobó la pregunta sobre este tema.
La comisión abordó el proyecto en diez sesiones, entre octubre de 2025 y febrero de 2026. Durante la etapa de socialización y hasta la aprobación del informe para primer debate, recibió a ciudadanos, gremios, organizaciones y actores públicos y privados.
Según el informe, Ecuador mantiene un volumen significativo de procesos de extradición activa y pasiva, aunque con un nivel de efectividad limitado. Entre 2019 y marzo de 2024, el país tramitó más de 200 solicitudes de extradición activa; sin embargo, solo 72 concluyeron con la entrega efectiva de la persona requerida, lo que representa aproximadamente un 34,78 % de éxito. Esta cifra evidencia dificultades en la articulación institucional y en el cumplimiento de los requisitos internacionales para la entrega de personas.
El proyecto de ley propone una modernización integral del sistema ecuatoriano de extradición, estructurada en ejes fundamentales: actualización conceptual y definición técnica del régimen de extradición; fortalecimiento del rol de la Corte Nacional de Justicia como autoridad central; modernización del procedimiento de extradición activa y pasiva; y establecimiento de garantías, causales de negación y parámetros en materia de derechos humanos.
Además, contempla la regulación de medidas cautelares, detención urgente y notificaciones internacionales; la definición del rol del Ejecutivo; la entrega, el tránsito y la reextradición; reformas complementarias al Código Orgánico Integral Penal (COIP); y la armonización normativa con este cuerpo legal, junto con el fortalecimiento del régimen penitenciario.
AM
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