Exigimos respuestas claras sobre el uso del Presupuesto General del Estado 2025.
Mientras bloquean la comparecencia de la ministra y evitan el informe de ejecución presupuestaria, el país sigue esperando saber dónde están los recursos para seguridad, salud y reactivación económica.
La fiscalización, para la Asamblea, no es un capricho político, es una obligación constitucional.
Asambleísta por la provincia El Oro
