Nuevamente, este martes 3 de marzo, como miembros de la Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología y Saberes Ancestrales, participamos en la Segunda Mesa Técnica de Fiscalización sobre el proceso de creación de la sede de la Universidad Central del Ecuador en la provincia de Galápagos.
Este no es un trámite administrativo más. Es una decisión que marcará el rumbo del acceso a la educación superior en un territorio estratégico para el país y para el mundo.
He sostenido activamente y con claridad que la educación superior es un derecho constitucional y no puede seguir concentrándose en el continente, obligando a las y los jóvenes galapagueños a migrar, desarraigarse o renunciar a su proyecto de vida.
La fiscalización no busca obstaculizar, sino garantizar transparencia, sostenibilidad y justicia territorial. Este proceso representa una oportunidad histórica para asegurar que la educación superior en el archipiélago responda a las necesidades reales del territorio, con pertinencia ambiental, social y productiva.
Durante esta mesa técnica recibimos al rector de la Universidad Central del Ecuador, Dr. Patricio Espinosa del Pozo, y demás representantes institucionales, quienes lograron llegar a acuerdos significativos junto a los miembros de la comisión.
Hasta el 20 de marzo del presente año, el Consejo de Educación Superior recibirá observaciones respecto a la propuesta de creación de una sede de la Universidad Central en la provincia insular.
El desarrollo no puede significar depredación. La universidad debe ser un puente entre conocimiento y responsabilidad ecológica; por ello, este proceso persigue un fin cuyo resultado sea una sede educativa donde la pertinencia territorial, el acceso y permanencia, la investigación con identidad propia y la participación de la comunidad local sean la base para construir el conocimiento desde y para Galápagos.
El archipiélago no puede ser visto como una extensión administrativa más del continente; su condición de régimen especial exige:
• Carreras vinculadas a la conservación ambiental, manejo de áreas protegidas y sostenibilidad.
• Formación en turismo sostenible, bioeconomía e investigación científica aplicada.
• Programas que fortalezcan capacidades locales y eviten la migración obligada de jóvenes al continente.
Durante el proceso de fiscalización, se acordó que la creación de la sede debe respetar estrictamente la normativa ambiental vigente y, para ello, se integrará a los planes de manejo y ordenamiento territorial, con el fin de garantizar una infraestructura sostenible y de bajo impacto ecológico.
La sede debe convertirse en un polo de investigación aplicada al cambio climático, la conservación marina, la gestión del agua y residuos, la innovación comunitaria y la adaptación insular.
Además, se requieren mecanismos de becas y apoyo para estudiantes residentes, junto con políticas que prioricen a jóvenes galapagueños, como la posibilidad de modalidades híbridas que reduzcan la presión migratoria y los costos logísticos.
Es claro el rol protagónico de las y los habitantes de la provincia insular de Galápagos, razón por la cual no podemos imponer un modelo sin escuchar sus necesidades. Por ello, la comunidad local participará activamente junto a los Gobiernos Autónomos Descentralizados, organizaciones sociales y ambientales, el sector turístico y productivo, y los representantes estudiantiles en este proceso de creación de la sede universitaria.
Porque educar también es sembrar futuro. Y el futuro del Ecuador debe construirse con justicia territorial, respeto ambiental y dignidad para nuestros pueblos.
Alex Fabricio Toapanta Jami nació el 6 de enero de 1990 en Salcedo, provincia de Cotopaxi. Estudió en el Colegio Experimental Nacional Salcedo, donde obtuvo el título de Bachiller en Químico Biólogo. Más tarde se graduó como Abogado por la Universidad Indoamérica y obtuvo el título de Magíster en Derecho Constitucional en la Universidad Bolivariana del Ecuador, especializándose en derechos humanos y justicia constitucional.
Su trayectoria política y organizativa se construyó desde las bases comunitarias. Fue Secretario General de la Comuna El Galpón y posteriormente de la Federación de Comunidades y Organizaciones de Salcedo (FECOS). A nivel provincial se desempeñó como Procurador Síndico del Gobierno Provincial de Cotopaxi. Su liderazgo lo llevó a presidir el Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC), fortaleciendo la defensa del agua, del territorio y de los derechos colectivos.
Miembro activo del Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik – Lista 18, impulsa una agenda enfocada en justicia social, protección de la naturaleza y defensa de los derechos humanos. Su trabajo ha estado marcado por la lucha contra actividades extractivas que amenazan los páramos, los ecosistemas y la vida comunitaria.
Actualmente es Asambleísta por la provincia de Cotopaxi, donde ejerce una fiscalización firme y promueve iniciativas legislativas en favor del campo, la justicia ambiental y la plurinacionalidad, comprometido con la construcción de un Ecuador más equitativo e intercultural.
