Recorrimos varias Unidades de Policía Comunitaria (UPC) en el cantón Rumiñahui, incluyendo sectores considerados de alto riesgo. Lo que encontramos fue preocupante: puertas cerradas, instalaciones en abandono, acumulación de basura y, en varios casos, ausencia de personal.
Mientras tanto, la Policía Nacional del Ecuador sostiene que existen 19 agentes adicionales asignados al territorio. Sin embargo, la realidad en las UPC visitadas refleja otra cosa: falta presencia efectiva para atender a la ciudadanía. Por su parte, el Ministerio del Interior respondió que algunas UPC son responsabilidad del Municipio y otras del Gobierno Central. Esta disputa de competencias no resuelve el problema de fondo. Mientras las instituciones se trasladan responsabilidades, la ciudadanía enfrenta la inseguridad en sus barrios.
La pregunta es legítima: ¿qué ocurrió con los recursos adicionales provenientes del incremento del IVA que, según se anunció, serían destinados al fortalecimiento de la seguridad? La población espera resultados concretos, no explicaciones cruzadas. La seguridad no puede depender de debates administrativos ni de interpretaciones sobre quién debe asumir qué competencia. Debe reflejarse en presencia real, infraestructura operativa y respuesta oportuna.
Rumiñahui no merece vivir con miedo. La ciudadanía exige respuestas claras, coordinación efectiva y acciones inmediatas. Exigimos soluciones, no excusas.
Asambleísta por Pichincha
