Ante denuncias ciudadanas sobre la desvinculación de personal médico y sanitario en el Hospital Universitario de Guayaquil, he iniciado un proceso de solicitud de información para esclarecer estas decisiones que podrían afectar la atención en áreas críticas del sistema hospitalario.
Según la información recibida, entre el personal desvinculado se encuentran dos enfermeras de la Unidad de Cuidados Intensivos de Neonatología, un laboratorista clínico y varias enfermeras que prestaban servicios en áreas sensibles como Hospitalización, Quirófano y Centro Obstétrico. La salida de estos profesionales ocurre en un contexto complejo para la red pública de salud, donde los hospitales enfrentan alta demanda de atención y limitaciones de personal.
Frente a esta situación, he solicitado información detallada al Ministerio de Salud Pública del Ecuador para conocer las copias certificadas de las resoluciones de desvinculación, así como la fundamentación técnica, administrativa o disciplinaria que sustente estas decisiones.
También se ha requerido la evaluación del impacto operativo que genera la reducción de personal en áreas críticas, la justificación institucional de estas medidas y la documentación que respalde la autorización correspondiente por parte de las autoridades de salud.
La salida de profesionales de áreas tan sensibles como neonatología y atención hospitalaria genera preocupación sobre la capacidad de respuesta del hospital y la seguridad de los pacientes.
Las instituciones públicas deben actuar con responsabilidad y transparencia, especialmente cuando se trata de decisiones que pueden afectar directamente la atención médica y la vida de las personas. Este proceso de fiscalización busca garantizar que se expliquen las razones de estas medidas y que se priorice el derecho de la ciudadanía a una atención de salud oportuna y de calidad.
Asambleísta por Pichincha
