En el marco del proceso de fiscalización sobre las actuaciones del alcalde de Quito, Pabel Muñoz, y de autoridades de las Empresas Públicas Metropolitanas respecto a los procesos de contratación pública y gestión administrativa vinculados con la adquisición de 60 trolebuses eléctricos, la Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana, recibió la comparecencia de Gabriela Sulca, subcontralora de Auditoría de la Contraloría General del Estado.
Durante la sesión, Sulca expuso los principales hallazgos del examen especial realizado a los procesos de contratación 004-2022 y 001-2022, así como el análisis del memorándum de acuerdo suscrito entre la Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito y la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) para el proyecto de “Movilidad Sostenible” orientado a la modernización del sistema de transporte público metropolitano mediante la adquisición de trolebuses eléctricos.
La funcionaria explicó que la acción de control que abarcó el período entre el 1 de agosto de 2022 al 30 de abril de 2025 y revisó recursos por más de 34,8 millones de dólares, determinó irregularidades en las fases preparatorias, negociación, suscripción y ejecución del convenio, entre ellas la omisión de los procedimientos de contratación pública establecidos en la normativa nacional.
Asimismo, señaló que el informe evidenció la elusión del proceso de subasta inversa electrónica para la adquisición de bienes normalizados, la suscripción irregular de los instrumentos internacionales, la desnaturalización del proyecto de inversión y la falta de sustento en costos de implementación pagados al organismo internacional, lo que ocasionó un perjuicio económico al Estado por aproximadamente 2,5 millones de dólares.
Sulca indicó que también se detectaron deficiencias en la recepción de los bienes, ya que los trolebuses entregados no cumplían con 15 de las 80 especificaciones técnicas establecidas, situación que podría comprometer la seguridad de los usuarios. Como resultado del examen especial, la Contraloría determinó responsabilidades administrativas por USD 79.970 dólares, estableció una glosa civil por 2,5 millones de dólares por los pagos realizados por costos de implementación e indirectos, además de un indicio de responsabilidad penal que fue remitido a la Fiscalía para las investigaciones correspondientes.
Finalmente, reiteró que los hallazgos involucran a miembros del directorio, gerentes y especialistas que participaron en los procesos de contratación y en la gestión administrativa y financiera del proyecto de adquisición de trolebuses eléctricos, cuyo costo total asciende a aproximadamente 35,9 millones de dólares.
MEV
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