La consolidación del Catastro Nacional Integrado Georreferenciado y del Sistema Integrado de Información Geográfica para la Planificación Territorial constituye uno de los principales cambios del proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo, cuyo informe para segundo debate fue aprobado con seis votos en la Comisión de Gobiernos Autónomos.
La administración de ambos instrumentos se atribuye a la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo, bajo estándares técnicos uniformes y criterios de interoperabilidad.
Lucía Pozo, presidenta de la comisión, resaltó que la iniciativa fue construida con los aportes de varios actores, como el Ministerio de Vivienda, gremios de los gobiernos autónomos descentralizados, expertos, arquitectos y urbanistas, entre otros.
La propuesta consolida definiciones técnicas, precisa la clasificación del suelo, refuerza la obligatoriedad de los planes parciales y fortalece los procedimientos de regularización prioritaria con criterios técnicos, ambientales y de mitigación de riesgos.
Un aspecto fundamental de la reforma es el fortalecimiento de la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo, mediante la ampliación y sistematización de sus atribuciones de vigilancia y control.
También se clarifica el régimen sancionatorio y se incorporan mecanismos de responsabilidad ulterior en consultorías y construcción. Además, se adecua el procedimiento coactivo al Código Orgánico Administrativo.
La reforma, en su conjunto, propone una planificación territorial ordenada, la articulación interinstitucional y la transparencia en la gestión de la información territorial. Asimismo, fortalece el control público y mantiene el equilibrio entre la autonomía territorial, la función social y ambiental de la propiedad y la potestad estatal de regulación y supervisión, señala el informe.
AM
