La Comisión de Soberanía Alimentaria recibió al catedrático Alex Ibarra Velásquez, en el marco del tratamiento del proyecto de Ley Orgánica de Desarrollo Agropecuario, que unifica varias iniciativas legislativas. Durante su exposición, centró su análisis en las dificultades asociadas al precio de sustentación del arroz.
Ibarra sostuvo que el establecimiento de un valor mínimo resulta inconveniente, pues sería preferible permitir que el libre mercado determine el valor del producto, de acuerdo con las condiciones de oferta y demanda. Esta postura se sustentó en un estudio sobre los efectos de los precios mínimos de sustentación en Ecuador, considerando que este mecanismo se aplica en el país desde 2010.
Manifestó que el Gobierno Nacional cada año fija el precio de la graminea a través del Ministerio de Agricultura y Ganadería, mediante acuerdos ministeriales. Para 2025, el precio mínimo se estableció en 36 dólares por saca de 205 libras de arroz cáscara grano largo y 35 dólares por saca de 205 libras de arroz cáscara grano corto.
Añadió que, además de las deficiencias del sistema de precios mínimos, existe un elevado nivel de intermediación, ya que el productor rara vez vende de manera directa al consumidor.
El catedrático recordó que el sector arrocero tiene un fuerte impacto en la generación de empleo rural. Se estima que más de 75 mil productores se dedican al cultivo de arroz en el país, en su mayoría pequeños y medianos agricultores.
En el presente año se calcula que las exportaciones de arroz alcanzan 47 millones de dólares. En términos productivos, Ecuador cuenta con aproximadamente entre 350 mil y 400 mil hectáreas sembradas de arroz cada año, concentradas principalmente en las provincias de Guayas, Los Ríos, Manabí y El Oro, que en conjunto representan más del 90 % de la producción nacional.
Durante el análisis, los legisladores consultaron sobre las fuentes que sustentan las cifras presentadas, los esfuerzos orientados a promover un cambio estructural en el campo, el acceso a insumos para los agricultores y la regulación de la intermediación, entre otros aspectos.
AM
