La Comisión del Derecho a la Salud y Deporte recibió a representantes del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y del Consejo de Educación Superior (CES), quienes presentaron sus observaciones al Proyecto de Ley que Regula las Técnicas y Procedimientos de Reproducción Humana Asistida, actualmente en trámite para segundo debate.
Andrea Sánchez, subsecretaria del MEF, explicó que el pronunciamiento de esa cartera de Estado se enmarca en la Constitución y en el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, normas que regulan el Sistema Nacional de Finanzas Públicas, cuya rectoría corresponde al Ministerio. Este sistema tiene como objetivo garantizar la sostenibilidad, estabilidad y consistencia en la gestión de los recursos públicos.
La funcionaria indicó que el Ministerio revisó el proyecto de ley, cuya propuesta inicial —impulsada por la Defensoría Pública— buscaba regular el derecho a la reproducción humana asistida. No obstante, el texto actual redefine su alcance y se centra en la regulación de las prácticas, técnicas y procedimientos de reproducción humana asistida, garantizando que cuenten con respaldo científico y clínico.
Además, la iniciativa establece la protección del interés superior del niño, así como una protección ética y jurídica especial del embrión. La normativa se aplicaría en todo el territorio nacional y regiría para personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, que estén acreditadas por la autoridad sanitaria nacional.
Sánchez destacó que, en revisiones anteriores, el MEF formuló observaciones relacionadas con la rectoría de la política pública y con posibles impactos fiscales, como la creación de instancias administrativas. No obstante, señaló que el texto actualizado incorpora el rol del ente rector de la salud pública y elimina disposiciones que generaban impacto fiscal; por ello, el Ministerio considera que la iniciativa se ajusta a los principios de sostenibilidad fiscal y no presenta nuevas observaciones.
Por su parte, Sebastián Santacruz, procurador del Consejo de Educación Superior, señaló que las observaciones del CES se centran en aspectos técnicos del articulado. En el artículo 23, que establece requisitos para los establecimientos de salud que ofrezcan estos servicios, recomendó ampliar la redacción para incluir de forma expresa a un equipo interdisciplinario de salud y no solo a personal médico especializado. En este sentido, sugirió incorporar profesionales como enfermeros, psicólogos, genetistas, embriólogos, especialistas de laboratorio clínico y trabajadores sociales, con el fin de garantizar una atención integral y centrada en la persona.
Asimismo, planteó unificar el lenguaje entre los artículos 23 y 30 del proyecto, ya que uno se refiere únicamente a personal médico especializado y el otro a profesionales de la salud especializados, lo que podría generar inconsistencias en la aplicación de la norma.
En materia de educación superior, el CES formuló observaciones a los artículos 54, 56 y 58. Santacruz advirtió que ciertas disposiciones podrían entrar en conflicto con el principio constitucional de autonomía universitaria, particularmente cuando se plantea promover o establecer contenidos académicos obligatorios relacionados con la reproducción humana asistida en las instituciones de educación superior. Por ello, recomendó revisar la redacción y contar con el pronunciamiento del órgano rector de la política pública de educación superior para evitar posibles conflictos normativos.
Finalmente, el presidente de la comisión, Juan José Reyes, dispuso al equipo técnico de la mesa revisar el articulado del proyecto con el fin de homogeneizar los términos utilizados y fortalecer el texto antes de su tratamiento en segundo debate.
RSA
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