En mi calidad de asambleísta y miembro de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y Saberes Ancestrales considero fundamental informar a la ciudadanía sobre el desarrollo de la reciente sesión en la que analizamos tres graves casos de fallecimiento de estudiantes ocurridos en instituciones educativas del país.
La protección de la vida y la integridad de niñas, niños y adolescentes dentro del sistema educativo es una responsabilidad irrenunciable del Estado.
Durante la sesión de la comisión participaron representantes de varias instituciones del Estado encargadas de la educación, la salud y la protección de derechos.
Comparecieron delegados del Ministerio de Educación del Ecuador, entre ellos el viceministro José Luis Torres Rodríguez y el subsecretario Emilio Félix, quienes acudieron para informar sobre tres casos específicos que han generado profunda preocupación pública:
• El fallecimiento de una estudiante en la Unidad Educativa Simón Bolívar del cantón Milagro.
• La muerte de un niño en la Unidad Educativa Luis A. Martínez Agropecuario de Ambato, luego de caer en un reservorio de agua dentro del establecimiento.
• El fallecimiento de un estudiante en la Unidad Educativa Capitán Cristóbal Troya de Ibarra, tras la caída de un arco de indorfútbol durante una actividad escolar.
Asimismo, participaron funcionarios del Ministerio de Salud Pública del Ecuador, quienes debieron informar sobre la atención médica brindada en estos casos. También comparecieron representantes de la Defensoría Pública del Ecuador y de la Defensoría del Pueblo del Ecuador, instituciones encargadas de la defensa jurídica y la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
Durante la sesión se evidenciaron importantes vacíos en la información remitida por el Ministerio de Educación. Los documentos presentados no contienen una reconstrucción clara de los hechos ocurridos en cada institución educativa, ni detallan de forma precisa:
Esta situación genera preocupación, ya que impide conocer con claridad qué ocurrió y qué acciones se han tomado para evitar que tragedias similares vuelvan a repetirse.
Por esta razón, durante la sesión solicité de forma verbal información concreta sobre tres aspectos fundamentales en cada caso:
La reconstrucción detallada de los hechos.
Los resultados de las investigaciones administrativas realizadas.
Las acciones institucionales adoptadas para prevenir nuevos incidentes.
La muerte de estudiantes dentro o en el contexto de actividades escolares no puede quedar rodeada de incertidumbre. Cada caso exige verdad, responsabilidad institucional y medidas de prevención efectivas.
Las instituciones del Estado tienen el deber de garantizar entornos educativos seguros. Esto implica protocolos adecuados, supervisión permanente de infraestructura y actividades escolares, así como mecanismos de respuesta rápida ante emergencias.
Desde la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y Saberes Ancestrales continuaremos realizando seguimiento a estos casos hasta contar con información clara y completa. La protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes debe estar por encima de cualquier omisión administrativa.
La educación debe ser siempre un espacio seguro para aprender, crecer y desarrollarse, nunca un lugar donde la vida de nuestros estudiantes esté en riesgo.
Alex Fabricio Toapanta Jami nació el 6 de enero de 1990 en Salcedo, provincia de Cotopaxi. Estudió en el Colegio Experimental Nacional Salcedo, donde obtuvo el título de Bachiller en Químico Biólogo. Más tarde se graduó como Abogado por la Universidad Indoamérica y obtuvo el título de Magíster en Derecho Constitucional en la Universidad Bolivariana del Ecuador, especializándose en derechos humanos y justicia constitucional.
Su trayectoria política y organizativa se construyó desde las bases comunitarias. Fue Secretario General de la Comuna El Galpón y posteriormente de la Federación de Comunidades y Organizaciones de Salcedo (FECOS). A nivel provincial se desempeñó como Procurador Síndico del Gobierno Provincial de Cotopaxi. Su liderazgo lo llevó a presidir el Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC), fortaleciendo la defensa del agua, del territorio y de los derechos colectivos.
Miembro activo del Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik – Lista 18, impulsa una agenda enfocada en justicia social, protección de la naturaleza y defensa de los derechos humanos. Su trabajo ha estado marcado por la lucha contra actividades extractivas que amenazan los páramos, los ecosistemas y la vida comunitaria.
Actualmente es Asambleísta por la provincia de Cotopaxi, donde ejerce una fiscalización firme y promueve iniciativas legislativas en favor del campo, la justicia ambiental y la plurinacionalidad, comprometido con la construcción de un Ecuador más equitativo e intercultural.
