Con 77 votos a favor, 68 votos negativos y 3 abstenciones, el Pleno de la Asamblea Nacional del Ecuador aprobó la Ley de Fortalecimiento y Sostenibilidad Crediticia, un proyecto calificado como urgente en materia económica por el presidente Daniel Noboa.
La normativa incluye reformas al Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS), una institución que administra recursos que pertenecen a los afiliados y jubilados del sistema de seguridad social.
Desde sectores de la oposición se advierte que, con esta votación, el Gobierno y su bancada oficialista hipotecaron los fondos del BIESS y pusieron en riesgo el futuro de la seguridad social en el Ecuador.
Entre las principales preocupaciones que genera esta decisión legislativa se encuentran varios elementos que han sido señalados durante el debate:
Los fondos provisionales ya fueron entregados en 2022, lo que genera dudas sobre la necesidad de nuevas disposiciones que comprometan estos recursos.
La ley abre la posibilidad de transferir a la banca privada fondos en los que participa el BIESS, lo que podría trasladar recursos del sistema de seguridad social hacia el sistema financiero privado.
Mientras tanto, el Estado no ha cobrado una deuda cercana a 2.600 millones de dólares que mantienen empresarios con la seguridad social, lo que debilita aún más las finanzas del sistema.
Se advierte además que recursos de los afiliados podrían utilizarse para cubrir el déficit fiscal del Estado, trasladando el peso de la crisis a quienes aportan al sistema.
Estas medidas podrían desfinanciar progresivamente al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), abriendo un camino hacia posibles procesos de privatización.
Uno de los puntos que más preocupación genera es el impacto directo en las familias ecuatorianas. Según los cuestionamientos planteados, alrededor de 256.000 familias podrían verse afectadas, ya que sus créditos hipotecarios o quirografarios podrían pasar a manos de la banca privada.
La diferencia es significativa: mientras el BIESS ha permitido procesos de refinanciamiento y renegociación de deudas, los bancos privados suelen ejecutar garantías y procesos de cobro con mayor rigidez, lo que pondría en riesgo la estabilidad financiera de miles de hogares.
Por estas razones, críticos de la ley sostienen que con esta votación se ha comprometido el futuro de la seguridad social en el país, al permitir decisiones que podrían debilitar uno de los sistemas de protección social más importantes para los trabajadores ecuatorianos.
Asambleísta por Pichincha
