Hoy presenté un cambio del orden del día en la Comisión de Soberanía Alimentaria y Desarrollo del Sector Agropecuario y Pesquero de la Asamblea Nacional del Ecuador con el objetivo de debatir una problemática que está golpeando directamente al campo ecuatoriano.
La propuesta planteaba dos puntos fundamentales. En primer lugar, rechazar la eliminación del subsidio al diésel, cuyo precio pasó de 1,80 a 2,80 dólares por galón, una medida que ha incrementado de manera significativa los costos de producción para agricultores, ganaderos, lecheros y pescadores.
En segundo lugar, solicitamos la comparecencia personal e indelegable del titular del Ministerio de Agricultura y Ganadería (Ecuador), con el fin de que explique ante la comisión cuál es la política pública del Gobierno frente a la crisis que enfrenta el sector agropecuario y pesquero.
Sin embargo, la mayoría oficialista decidió rechazar esta propuesta, bloqueando la posibilidad de abrir un debate necesario sobre las consecuencias de esta decisión económica en la producción nacional y en la seguridad alimentaria del país.
El incremento del precio del diésel impacta directamente en toda la cadena productiva: desde la siembra y la cosecha, hasta el transporte de alimentos hacia los mercados. Esto se traduce inevitablemente en mayores costos para los productores y también para los consumidores.
El país no necesita dádivas ni bonos temporales que apenas alivian de manera momentánea la situación. Lo que Ecuador requiere son políticas públicas serias, sostenibles y responsables que fortalezcan la producción nacional, protejan al campo ecuatoriano y garanticen la seguridad alimentaria.
Defender a quienes producen los alimentos del país no debería ser un tema partidista. Es una responsabilidad con el presente y el futuro del Ecuador.
Asambleísta por Pichincha
