He iniciado un proceso de fiscalización sobre la entrega de kits solidarios realizada por el Ministerio de Inclusión Económica y Social (Ecuador), luego de detectar posibles irregularidades en el uso de bienes incautados por la Servicio Nacional de Aduana del Ecuador.
La investigación surge a partir de la entrega de 3.000 kits en la parroquia San Miguelito, en la provincia de Tungurahua, donde se evidenciaron inconsistencias en la forma en que se distribuyeron estos artículos denominados como ayuda solidaria.
Durante el proceso se identificó que, en 2025, la Aduana entregó al MIES 23 “matutes”, es decir, cargamentos de bienes incautados por contrabando o fraude tributario. En total, se trata de más de 300.000 bienes con un valor superior a los 12 millones de dólares.
Las solicitudes para recibir estos bienes fueron realizadas por el entonces ministro Harold Burbano, quien pidió directamente a la Aduana ropa, zapatos y otros artículos sin detallar beneficiarios específicos ni programas sociales que justifiquen su distribución.
La revisión de los matutes revela además un elemento llamativo: muchos de los bienes entregados no guardan relación con asistencia social. Entre los artículos identificados se encuentran lavadoras, lámparas Pikachu, pulidoras, discos de corte y aspas de maquinaria, entre otros.
A esto se suma que el MIES no ha entregado documentación que respalde la entrega de estos bienes, lo que genera serias dudas sobre su destino final. Hasta el momento no se han presentado:
En varios casos se ha identificado un patrón temporal entre la recepción de los bienes incautados y la posterior entrega de kits en distintos territorios del país.
Por ejemplo, el 5 de enero se solicitó ropa y zapatos a la Aduana, y el 9 de enero se entregaron 23.000 pares de zapatos. Ese mismo día se realizaron entregas de kits en la provincia de Imbabura.
Situaciones similares se repiten con otros matutes recibidos en febrero, abril y junio, que coinciden con entregas masivas de kits en ciudades como Guayaquil y sectores de Quito, como Calderón.
El caso más llamativo corresponde al matute número 22, recibido el 13 de junio, que incluía artículos como lavadoras, llaves de agua, lámparas decorativas, discos de corte y herramientas industriales, sin que exista información clara sobre su destino o beneficiarios.
Estos elementos permiten advertir un posible uso inadecuado de bienes públicos incautados por el Estado, que habrían sido transformados en kits “humanitarios” sin controles claros ni trazabilidad en su distribución, y en fechas que coinciden con actividades públicas y contextos electorales.
La fiscalización continuará con el objetivo de determinar responsabilidades, garantizar transparencia en el uso de bienes del Estado y esclarecer si estos recursos fueron utilizados con fines distintos a los establecidos por la ley.
El país merece claridad sobre el destino de los bienes públicos y sobre la forma en que se ejecutan las políticas de asistencia social. Seguiremos investigando.
Asambleísta por Pichincha
