Frente a las denuncias presentadas por la Federación Nacional de Servidores Públicos del Ecuador sobre posibles irregularidades en la contratación del servicio de seguridad del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, he solicitado información oficial para que este proceso sea plenamente transparentado.
De acuerdo con la normativa de contratación pública, este tipo de servicios debe realizarse a través del catálogo electrónico, mecanismo que permite garantizar competencia, eficiencia y control en el uso de los recursos públicos.
En caso de que la contratación no pueda efectuarse por catálogo, la institución debe contar con la autorización del Servicio Nacional de Contratación Pública para utilizar el mecanismo de subasta inversa electrónica, procedimiento que también está sujeto a reglas claras de transparencia.
Por ello, he solicitado que se informe qué procedimiento se aplicó en este caso, si existieron las autorizaciones correspondientes y cuáles fueron los criterios técnicos y administrativos utilizados para la contratación.
La ciudadanía tiene derecho a conocer si las instituciones públicas están cumpliendo la normativa y garantizando un uso responsable de los recursos del Estado.
Esperamos respuestas claras que permitan determinar si el proceso se realizó conforme a la ley o si, una vez más, se actuó con improvisación en la gestión pública.
Asambleísta por Pichincha
