Hoy presentamos formalmente el juicio político contra el exministro de Salud, Jimmy Martin, ante la Asamblea Nacional del Ecuador. Esta decisión responde a una situación que el país ya no puede seguir tolerando: la profunda crisis que atraviesa el sistema de salud pública.
La crisis sanitaria que vive el Ecuador no fue un hecho aislado ni un accidente administrativo. Es el resultado de incumplimientos graves en la gestión pública, que han provocado consecuencias directas en la atención de miles de pacientes.
Entre los problemas más críticos se encuentra la deuda acumulada de más de 206 millones de dólares con clínicas de diálisis, lo que ha puesto en riesgo la continuidad de tratamientos vitales para pacientes con enfermedades renales. A esto se suma la falta de medicamentos, insumos médicos y pagos pendientes al personal y proveedores que sostienen el funcionamiento de los hospitales.
Durante este proceso de fiscalización hemos presentado más de 250 pedidos de información, interpuesto acciones judiciales y realizado recorridos en más de 100 hospitales del país para constatar directamente la situación que enfrentan pacientes, médicos y trabajadores de la salud.
Las evidencias recopiladas muestran un sistema hospitalario debilitado, con graves carencias y con miles de ciudadanos afectados por la falta de atención oportuna.
La salud es un derecho fundamental y la vida de los ecuatorianos no puede quedar sometida a la negligencia ni a la indiferencia de quienes tenían la responsabilidad de garantizarla.
Por eso hemos decidido impulsar este juicio político: para que se determinen responsabilidades y para que el país tenga respuestas frente a una crisis que ha golpeado directamente a los sectores más vulnerables.
La vida no se negocia. Exigimos justicia y responsabilidad frente al abandono que ha sufrido el sistema de salud pública en el Ecuador.
Asambleísta por Pichincha
