El Pleno de la Asamblea Nacional, sobre la base del informe de la Comisión de Desarrollo Económico, trató en primer debate el Proyecto de Ley Reformatoria a la Ley de Régimen Tributario Interno para Incentivar la Construcción de Viviendas de Interés Social y Reducir el Déficit Habitacional, calificado como urgente en materia económica.
Con este objetivo, la propuesta normativa crea un incentivo tributario aplicable a quienes donen viviendas de interés social a favor del ente rector de hábitat y vivienda, con el propósito de fomentar la participación del sector privado en la generación de soluciones habitacionales y contribuir a la reducción del déficit, que actualmente supera las 700 mil viviendas, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).
En ese sentido, los contribuyentes que realicen estas donaciones tendrán derecho a una rebaja del impuesto a la renta causado en el ejercicio fiscal en el que se efectúe la donación, equivalente al 100 % del valor donado, con un límite máximo del 30 % del impuesto causado y sin derecho a devolución.
El Ministerio de Infraestructura y Transporte deberá transferir las viviendas recibidas en donación a favor de beneficiarios que cumplan con los criterios establecidos en la Ley Orgánica de Vivienda de Interés Social y la normativa vigente.
Esta rebaja tributaria tendrá carácter temporal y será aplicable al impuesto a la renta correspondiente a los periodos fiscales comprendidos entre 2026 y 2029.
Al respecto, el legislador ponente del informe, Alex Morán, recordó que Ecuador enfrenta una realidad clara y preocupante: más de 700 mil familias viven sin acceso a una vivienda adecuada y el déficit habitacional supera el 57 %. Por ello, señaló que la reforma constituye una propuesta moderna y necesaria para convertir la política tributaria en una herramienta social.
Morán precisó que el país ya cuenta con mecanismos para identificar con precisión a los beneficiarios, incluso en condiciones de pobreza extrema, mediante información territorial y social detallada. En este contexto, la ley se presenta como un complemento a programas como Casa para Todos, los créditos preferenciales y los subsidios.
Con esta medida, el Gobierno Nacional busca enfrentar la brecha estructural entre la oferta de vivienda adecuada y la demanda efectiva de los hogares, atendiendo una problemática de más de dos décadas. En 2001, se registró un déficit de 677.808 viviendas; en 2010, de 707.801; y en 2022, de 727.689.
Tras el cierre del primer debate por parte de la presidenta encargada, Mishel Mancheno, el proyecto de ley regresó a la Comisión de Desarrollo Económico, que analizará y recogerá las observaciones y, en un plazo de cuatro días, presentará el informe para el segundo debate.
AM
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