La Comisión de Educación de la Asamblea Nacional conoció denuncias sobre presuntas irregularidades en la alteración de notas en la Facultad de Medicina de la Universidad Central del Ecuador, así como posibles incumplimientos de obligaciones patronales y la situación de un profesional respecto a la culminación de sus estudios de posgrado en la Facultad de Odontología. Para el efecto, recibió a autoridades universitarias y representantes de entidades de control y del Ejecutivo.
En relación con el caso de manipulación de notas, Julia Logroño, vicerrectora académica de la universidad, defendió su gestión. Aseguró que sus actuaciones se enmarcan en la ley y negó cualquier responsabilidad en los hechos. Indicó que una comisión interna concluyó que no existe base jurídica para vincularla con la modificación de calificaciones, las cuales —según dijo— habrían sido realizadas mediante accesos individuales al sistema informático. Walter Enríquez, procurador institucional, enfatizó que las claves de envío de calificaciones a los estudiantes “son personales e intransferibles”.
De su lado, la Contraloría General del Estado informó que inició una verificación preliminar en febrero de 2026 y que ejecutará una auditoría forense a partir de junio de este año. El Consejo de Educación Superior (CES) señaló que continúa recopilando información para determinar posibles responsabilidades institucionales, mientras que la Fiscalía General del Estado mantiene una investigación previa en la Unidad de Ciberdelitos.
En cuanto a las obligaciones patronales pendientes con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), las autoridades del centro universitario indicaron que corresponden a administraciones anteriores y que la normativa vigente impide su pago directo con recursos públicos, por lo que se impulsan acciones legales para establecer responsabilidades. Añadieron que las obligaciones actuales se encuentran al día, a fin de garantizar el acceso de los trabajadores a sus prestaciones.
Asimismo, la Comisión conoció el caso de Hugo Javier Ruales, exestudiante de posgrado en Odontología, quien denunció la presunta vulneración de sus derechos tras retirarse por una grave enfermedad, sin recibir respuesta ni la devolución de los valores cancelados. En contraste, las autoridades de la Facultad expusieron sus argumentos de descargo.
La Comisión de Educación continuará con el proceso de fiscalización, con el propósito de esclarecer los hechos y garantizar la transparencia y los derechos de la comunidad universitaria.
JC
