La crisis energética que aún afecta al país no es producto del azar. Existen responsables, y sus decisiones u omisiones deben ser investigadas a fondo para que el país conozca la verdad.
No podemos cruzarnos de brazos mientras las familias ecuatorianas sufren las consecuencias de los apagones. Por ello, desde la Comisión de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Derechos Colectivos e Interculturalidad, hemos tomado acciones firmes.
En el seno de la comisión, acordamos solicitar de manera oficial toda la información detallada sobre los contratos que fueron adjudicados a las empresas PROGEN y ATM. Necesitamos luz sobre cómo se han manejado los recursos en medio de esta emergencia.
Los ecuatorianos merecen respuestas claras y transparentes. No permitiremos bajo ninguna circunstancia que los intereses particulares de unos pocos se pongan por encima del bienestar colectivo de todo un país.
Nuestra labor de fiscalización es irrenunciable y continuaremos vigilantes. Legislar para la vida también significa defender con firmeza los recursos y la dignidad de nuestra gente.
Verónica Iñiguez es defensora del ambiente y activista de causas sociales desde hace más de una década. Su trayectoria se ha construido en la articulación entre conocimiento, compromiso social y acción política, con la convicción de que la academia debe participar activamente en la toma de decisiones públicas.
Es PhD en Manejo de la Biodiversidad por la Universidad de Kent (Reino Unido), Máster en Ciencias Ambientales por la Universidad de Zürich (Suiza), Especialista en Liderazgo, Cambio Climático y Ciudades por FLACSO Ecuador, e Ingeniera en Gestión Ambiental por la UTPL. Fue reconocida con el Premio Sacha, 4ta. Edición, Heroína Sacha Unidos, por su compromiso con la defensa de la naturaleza y los derechos de las comunidades.
Desde la política, impulsa una agenda orientada a #Legislar para la vida, promoviendo marcos normativos que fortalezcan la justicia social, la soberanía alimentaria, la resiliencia ecológica y la gobernanza democrática de los bienes comunes. Su propuesta se basa en el diálogo, la participación ciudadana y la construcción colectiva de soluciones para los desafíos sociales y ambientales del país.
