Tras nuestra visita de fiscalización, constatamos con profunda indignación la crítica realidad del sistema de salud en nuestra provincia. La negligencia estructural está costando vidas.
¡Ni un solo centavo del Presupuesto General del Estado 2025 ha llegado al hospital! Lo que evidenciamos de primera mano es la consecuencia directa de un abandono sistemático que afecta a diario a nuestra gente.
El sistema de salud pública está bastante golpeado. Durante nuestro recorrido por el Hospital Isidro Ayora, nos encontramos de frente con una realidad dolorosa e inaceptable. La infraestructura se encuentra gravemente deteriorada y el personal médico hace lo que puede sin las herramientas necesarias.
No hay insumos básicos ni medicamentos suficientes, obligando a las familias lojanas a buscar recursos donde no los hay para salvar a sus seres queridos. Esta no es la salud digna que merecemos.
No podemos ni vamos a esperar más. La salud no es un favor, es un derecho irrenunciable. Desde mi curul, exigiremos respuestas formales y acciones inmediatas al Ministerio de Salud Pública y al Gobierno Nacional. ¡Loja se respeta y la salud de nuestra gente no puede seguir en sala de espera!
Verónica Iñiguez es defensora del ambiente y activista de causas sociales desde hace más de una década. Su trayectoria se ha construido en la articulación entre conocimiento, compromiso social y acción política, con la convicción de que la academia debe participar activamente en la toma de decisiones públicas.
Es PhD en Manejo de la Biodiversidad por la Universidad de Kent (Reino Unido), Máster en Ciencias Ambientales por la Universidad de Zürich (Suiza), Especialista en Liderazgo, Cambio Climático y Ciudades por FLACSO Ecuador, e Ingeniera en Gestión Ambiental por la UTPL. Fue reconocida con el Premio Sacha, 4ta. Edición, Heroína Sacha Unidos, por su compromiso con la defensa de la naturaleza y los derechos de las comunidades.
Desde la política, impulsa una agenda orientada a #Legislar para la vida, promoviendo marcos normativos que fortalezcan la justicia social, la soberanía alimentaria, la resiliencia ecológica y la gobernanza democrática de los bienes comunes. Su propuesta se basa en el diálogo, la participación ciudadana y la construcción colectiva de soluciones para los desafíos sociales y ambientales del país.
