La Comisión de Justicia y Estructura del Estado, este viernes 27 de marzo, recibió aportes técnicos de expertos en derecho penal, a nivel nacional e internacional, en el marco del análisis del Proyecto Unificado de Reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP), que recoge diversas propuestas para actualizar la legislación penal, tanto en la tipificación de nuevos delitos como en el endurecimiento de penas.
Alejo Campos, director regional de Crime Stoppers para el Caribe, Bermuda y América Latina, con sede en Panamá, propuso un nuevo enfoque de la legislación penal que persiga a las cabezas visibles de las organizaciones delincuenciales, con nombres y apellidos, cuando lo óptimo es hacerlo en el ecosistema criminal transnacional, afectar la convergencia criminal, que se expresa en redes que operan en lo logístico, lo territorial y en los nexos con los sectores público y privado.
A su criterio, la legislación debe tener una visión holística de la criminalidad transnacional, tomando en cuenta que en la actualidad existen elementos que contribuyen a las rutas del crimen organizado; en el caso ecuatoriano, la ubicación estratégica para la exportación de la droga. Se trata de un fenómeno global que requiere normativa global y armónica, para que el delincuente sepa que ese delito está sancionado de igual manera en Ecuador, Colombia, Perú o Panamá.
Por otro lado, Maybe Ávila, máster en Derecho, Empresa y Justicia, se refirió al delito de extorsión orientado a aquellas personas que intimidan a funcionarios o servidores públicos para que autoricen o ejecuten una decisión. La extorsión, actualmente, ya no debe dirigirse exclusivamente al tema patrimonial, sino ir más allá y sancionar la infiltración de este fenómeno en la contratación pública, expresó.
Las organizaciones criminales buscan espacios para mezclarse con la economía formal, en sectores como transporte, construcción y oferta de servicios diversos. Así, hay evidencia de la participación de grupos organizados en procesos de contratación estatal, a través de proveedores debidamente calificados. Adicionalmente, hay presiones para que se adopten decisiones políticas o económicas a su favor, agregó.
Por último, Edwin España, máster en Derecho Internacional Europeo, Derechos Fundamentales e Inteligencia Artificial, destacó la importancia de una reforma penal de carácter integral, tratándose de una temática muy difícil, sobre todo para combatir delitos a través de medios tecnológicos, considerando, inclusive, que la norma evoluciona más lentamente que el desarrollo tecnológico.
Se refirió al tema de la suplantación de la identidad digital, una conducta delincuencial nueva, tomando en cuenta la evolución digital frente a los cambios normativos. Al respecto, sugirió que esta tipificación guarde total armonía con principios básicos como el de legalidad estricta, seguridad jurídica, mínima intervención en materia penal y la garantía del debido proceso.
EG
