Volvimos a Loja para constatar los supuestos avances en el Hospital Isidro Ayora. Un mes después de nuestra primera fiscalización, la realidad sigue siendo dolorosa: los problemas estructurales continúan.
He realizado mi segunda visita al Hospital Isidro Ayora de Loja para dar seguimiento a las graves problemáticas que evidenciamos hace un mes. Aunque se han dado algunos pasos iniciales, la crisis estructural es innegable y afecta a diario a los pacientes y sus familias. No podemos tapar el sol con un dedo.
Dificultades persistentes:
La falta de asignación presupuestaria por parte del Gobierno Nacional sigue debilitando y asfixiando nuestra salud pública. Esta desatención estatal no es más que negligencia que pone en riesgo vidas de lojanos.
Mi compromiso como lojana y asambleísta es seguir fiscalizando y exigiendo respuestas hasta que cada una de estas necesidades sea atendida. Porque la salud de nuestra gente es sagrada y no puede esperar en sala de espera. ¡Loja merece dignidad!
Un agradecimiento especial al Dr. Vicente Ayala, quien con su aporte técnico y profesional apoyó este proceso de fiscalización, permitiendo profundizar el análisis de la situación en el hospital.
Verónica Iñiguez es defensora del ambiente y activista de causas sociales desde hace más de una década. Su trayectoria se ha construido en la articulación entre conocimiento, compromiso social y acción política, con la convicción de que la academia debe participar activamente en la toma de decisiones públicas.
Es PhD en Manejo de la Biodiversidad por la Universidad de Kent (Reino Unido), Máster en Ciencias Ambientales por la Universidad de Zürich (Suiza), Especialista en Liderazgo, Cambio Climático y Ciudades por FLACSO Ecuador, e Ingeniera en Gestión Ambiental por la UTPL. Fue reconocida con el Premio Sacha, 4ta. Edición, Heroína Sacha Unidos, por su compromiso con la defensa de la naturaleza y los derechos de las comunidades.
Desde la política, impulsa una agenda orientada a #Legislar para la vida, promoviendo marcos normativos que fortalezcan la justicia social, la soberanía alimentaria, la resiliencia ecológica y la gobernanza democrática de los bienes comunes. Su propuesta se basa en el diálogo, la participación ciudadana y la construcción colectiva de soluciones para los desafíos sociales y ambientales del país.
