Desde la Asamblea Nacional entregamos un acuerdo legislativo para reconocer más de seis décadas de cooperación y hermandad entre nuestros pueblos.
Hoy celebramos un hito importante para nuestra región fronteriza: los 61 años de vida institucional del Consulado del Perú en Loja. Para mí fue un verdadero honor, en representación de la Asamblea Nacional del Ecuador, hacer la entrega de un merecido acuerdo legislativo a esta institución.
A través de este reconocimiento, exaltamos su valiosa y constante labor en la cooperación entre nuestros pueblos, la promoción incansable de su identidad cultural y el fomento de una convivencia pacífica que nos enriquece mutuamente a ambos lados de la frontera.
La relación entre Ecuador y Perú va mucho más allá de las líneas en un mapa; se construye día a día con acciones conjuntas y voluntad política. Nuestro compromiso es y seguirá siendo trabajar juntos, fortaleciendo nuestros lazos de hermandad.
Sigamos uniendo esfuerzos para garantizar un futuro que sea más justo, sostenible y resiliente para todos nuestros territorios. ¡Que viva la hermandad ecuatoriano-peruana!
Verónica Iñiguez es defensora del ambiente y activista de causas sociales desde hace más de una década. Su trayectoria se ha construido en la articulación entre conocimiento, compromiso social y acción política, con la convicción de que la academia debe participar activamente en la toma de decisiones públicas.
Es PhD en Manejo de la Biodiversidad por la Universidad de Kent (Reino Unido), Máster en Ciencias Ambientales por la Universidad de Zürich (Suiza), Especialista en Liderazgo, Cambio Climático y Ciudades por FLACSO Ecuador, e Ingeniera en Gestión Ambiental por la UTPL. Fue reconocida con el Premio Sacha, 4ta. Edición, Heroína Sacha Unidos, por su compromiso con la defensa de la naturaleza y los derechos de las comunidades.
Desde la política, impulsa una agenda orientada a #Legislar para la vida, promoviendo marcos normativos que fortalezcan la justicia social, la soberanía alimentaria, la resiliencia ecológica y la gobernanza democrática de los bienes comunes. Su propuesta se basa en el diálogo, la participación ciudadana y la construcción colectiva de soluciones para los desafíos sociales y ambientales del país.
