Frente a la intención de reformar el Artículo 5 de la Constitución para permitir la instalación de bases militares extranjeras, nuestra postura es inquebrantable: nuestro territorio y patrimonio natural no se negocian.
El Gobierno pretende utilizar la grave crisis de seguridad que atravesamos como la excusa perfecta para ceder nuestra soberanía. Hoy, la amenaza apunta directamente a nuestras Islas Galápagos, específicamente a la isla Baltra, con la peligrosa intención de convertirla en sede de tropas extranjeras.
Militarizar Galápagos no solo es un retroceso histórico y una violación a la Constitución que consagra al Ecuador como un país de paz. Representa una amenaza directa y letal para un ecosistema frágil que es Patrimonio Natural de la Humanidad. La conservación ambiental y la presencia militar extranjera son incompatibles.
La historia ya nos ha demostrado que ceder el territorio no resuelve los problemas estructurales de violencia. La verdadera seguridad se construye fortaleciendo nuestras propias instituciones, dotando a nuestra fuerza pública de los recursos que hoy se les niegan y garantizando políticas sociales reales, no entregando las llaves del país a intereses foráneos.
Aquí puedes encontrar más detalles sobre nuestra postura:
Verónica Iñiguez es defensora del ambiente y activista de causas sociales desde hace más de una década. Su trayectoria se ha construido en la articulación entre conocimiento, compromiso social y acción política, con la convicción de que la academia debe participar activamente en la toma de decisiones públicas.
Es PhD en Manejo de la Biodiversidad por la Universidad de Kent (Reino Unido), Máster en Ciencias Ambientales por la Universidad de Zürich (Suiza), Especialista en Liderazgo, Cambio Climático y Ciudades por FLACSO Ecuador, e Ingeniera en Gestión Ambiental por la UTPL. Fue reconocida con el Premio Sacha, 4ta. Edición, Heroína Sacha Unidos, por su compromiso con la defensa de la naturaleza y los derechos de las comunidades.
Desde la política, impulsa una agenda orientada a #Legislar para la vida, promoviendo marcos normativos que fortalezcan la justicia social, la soberanía alimentaria, la resiliencia ecológica y la gobernanza democrática de los bienes comunes. Su propuesta se basa en el diálogo, la participación ciudadana y la construcción colectiva de soluciones para los desafíos sociales y ambientales del país.
