Durante el proceso de consulta popular, las autoridades nacionales asumieron compromisos claros con la ciudadanía de Rumiñahui: repotenciar el Hospital de Sangolquí, rehabilitar su quirófano y garantizar el abastecimiento de medicamentos. Estas acciones representaban no solo una necesidad urgente, sino una deuda histórica con el derecho a la salud en el cantón.
Sin embargo, información reciente genera profunda preocupación. En lugar de avanzar hacia el fortalecimiento del hospital, se estaría impulsando un proceso de recategorización que lo reduciría a un Centro de Salud Tipo C. Esta medida implicaría, en la práctica, despojar a Rumiñahui de un hospital, afectando directamente la capacidad de respuesta del sistema de salud y limitando el acceso oportuno a servicios médicos especializados.
Frente a esta situación, se ha solicitado formalmente a la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada (ACESS) y al Ministerio de Salud Pública que informen con claridad:
El acceso a servicios de salud dignos, oportunos y de calidad es un derecho constitucional, no una oferta sujeta a coyunturas políticas. Cualquier medida que implique un retroceso en la cobertura o calidad de la atención debe ser debidamente justificada y, sobre todo, debatida con la ciudadanía.
Rumiñahui no puede ni debe aceptar decisiones que debiliten su sistema de salud. La transparencia, la rendición de cuentas y el respeto a la palabra empeñada son pilares fundamentales de la gestión pública.
La salud no es una promesa de campaña: es un derecho que debe garantizarse con hechos.
Asambleísta por Pichincha
