Durante el segundo debate del Proyecto de Ley Orgánica del Deporte, la Educación Física y la Recreación, se evidenció la necesidad de construir una normativa que responda a la realidad de miles de deportistas en el país, especialmente aquellos que se forman y compiten desde la base.
Uno de los principales aportes expuestos fue la urgencia de redefinir el rol de la empresa privada dentro del sistema deportivo. No es suficiente que su participación se limite al mantenimiento de infraestructura; es indispensable que contribuya de manera directa al financiamiento de los deportistas, así como al fortalecimiento de ligas barriales y cantonales, que constituyen el primer eslabón del desarrollo deportivo.
La realidad actual demuestra que muchos atletas enfrentan condiciones precarias para entrenar y competir, dependiendo en ocasiones de recursos insuficientes o de iniciativas aisladas. Esta situación no solo limita el rendimiento, sino que también profundiza las brechas de acceso al deporte. El alto rendimiento debe estar basado en el mérito, la disciplina y el talento, no en la capacidad económica individual.
En este contexto, también se advirtió sobre la inclusión de disposiciones que buscan legalizar casinos y juegos de azar dentro del proyecto de ley. Esta propuesta no solo desnaturaliza el objetivo de la normativa, sino que contraviene de manera directa el mandato ciudadano expresado en la Consulta popular de 2011 en Ecuador, en la que se rechazó este tipo de actividades.
Una ley del deporte debe promover valores, salud, disciplina y desarrollo integral, no abrir espacios a actividades que generan impactos sociales negativos ni desconocer decisiones democráticas previamente adoptadas.
El proyecto ha sido remitido nuevamente a la Comisión correspondiente, lo que abre la oportunidad de revisar y fortalecer su contenido. Se mantendrá una vigilancia activa para que los aportes planteados sean considerados y se avance hacia una ley integral, coherente con las necesidades del país y comprometida con el desarrollo del deporte en todos sus niveles.
El Ecuador requiere una legislación que garantice condiciones dignas para sus deportistas, que impulse el talento desde las bases y que respete, sin excepciones, la voluntad ciudadana.
Asambleísta por Pichincha
