Hoy, desde Guayaquil, en sesión de la Asamblea Nacional, voté NO a la Ley de Minería.
El país necesita recursos, sí. Pero no podemos aceptar que la “urgencia económica” sea el argumento para reducir controles ambientales, aplicar silencio administrativo donde debe haber evaluación técnica rigurosa, o priorizar intereses extractivos por encima de las comunidades.
No se puede hablar de desarrollo mientras se debilita la participación ciudadana y se toman decisiones que impactan directamente a los territorios.
Vengo de pueblos donde los efectos no son discursos, son realidad diaria. Y cuando las decisiones se toman lejos del territorio, quienes asumen las consecuencias son nuestras comunidades.
Mi voto es coherente con lo que siempre hemos defendido: el agua primero, la vida primero y el respeto a la gente. El desarrollo verdadero no se construye sacrificando derechos.
Asambleísta por la provincia del Cañar
