En el marco del tratamiento del Proyecto de Ley Reformatoria al Código de la Niñez y Adolescencia para Reforzar el Derecho a la Dignidad, Reputación, Honor e Imagen de Niños, Niñas y Adolescentes, la Comisión de la Niñez de la Asamblea recibió en comparecencia a Pablo Nieto, gerente de Políticas Públicas para la Región Andina de la Asociación Latinoamericana de Internet (ALAI), quien expuso observaciones técnicas sobre las restricciones al acceso de menores de 15 años a plataformas digitales.
Nieto expresó el respaldo de la organización al objetivo de proteger a niños, niñas y adolescentes en entornos digitales. No obstante, observó que las medidas basadas en prohibiciones podrían resultar ineficaces e incluso contraproducentes. Señaló que la evidencia internacional demuestra que este tipo de enfoques no elimina los riesgos, sino que los desplaza hacia espacios digitales menos seguros y más difíciles de supervisar.
Puso como ejemplo el caso de Australia, donde la implementación de restricciones ha derivado en la creación de mercados informales de cuentas verificadas y en el uso creciente de herramientas como redes privadas virtuales (VPN) para evadir los controles, lo que reduce la capacidad de monitoreo tanto de las autoridades como de los padres de familia.
Asimismo, alertó que estas medidas pueden afectar derechos fundamentales de los menores, como el acceso a la información, la educación, el libre desarrollo de la personalidad y la participación en entornos digitales. A ello se suma el riesgo de implementar sistemas de verificación de edad que implican el uso de datos sensibles, como información biométrica, lo que podría comprometer la privacidad de esta población.
Nieto también destacó que el uso de plataformas digitales contribuye al desarrollo de habilidades esenciales en la actualidad, como el pensamiento crítico y la gestión de la privacidad.
Frente a ello, propuso priorizar políticas públicas orientadas a la educación y alfabetización digital, tanto para menores como para padres de familia, con el fin de promover un uso responsable, informado y seguro de la tecnología. Subrayó que un menor que comprende los riesgos del entorno digital es más resiliente que aquel al que simplemente se le prohíbe el acceso.
En esa línea, enfatizó el rol fundamental de las familias, señalando que el diálogo entre padres e hijos constituye una herramienta más efectiva que los mecanismos automáticos de control. “Las políticas deben ayudar a los padres, no reemplazarlos. La comunicación abierta reduce riesgos mucho más que el miedo y el castigo”, afirmó.
Finalmente, resaltó la importancia de incorporar a organizaciones de la sociedad civil en la construcción de políticas públicas, tomando como referencia experiencias regionales que promueven enfoques integrales basados en evidencia y estándares internacionales.
La Asociación Latinoamericana de Internet reiteró su disposición para colaborar con la Comisión de la Niñez en el análisis del proyecto de ley.
JC
